En un contexto de "profundas transformaciones económicas, sociales, tecnológicas y geopolíticas", el sindicato expresó su preocupación por el auge de discursos autoritarios y de odio, sin atribuirlos a ningún actor político concreto, aunque se produce en el marco de las negociaciones entre PP y Vox para la investidura de Juanma Moreno. Estas retóricas, según UGT, suponen un "riesgo" para "los valores democráticos y los derechos conquistados por las personas trabajadoras".
El sindicato reafirmó su "compromiso con la democracia" y su temor por el bienestar de la "mayoría social trabajadora", ante el avance de la "desigualdad, la exclusión o discursos de odio". Asimismo, reiteró su compromiso con "la igualdad efectiva entre mujeres y hombres" y anunció "la lucha contra cualquier forma de discriminación".
Nos reunimos para reafirmar nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales, la democracia, la justicia social y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social trabajadora.
En el ámbito de los servicios públicos, UGT Andalucía subrayó "el deterioro de la sanidad pública", señalando la gestión de las listas de espera, la falta de profesionales y la creciente privatización de servicios esenciales. Además, exigió "más recursos para la educación pública, la dependencia y los servicios sociales", destacando su carácter "universal" y la necesidad de que sean prestaciones de "calidad" para garantizar la "igualdad" y la "cohesión territorial".
La vivienda se identificó como una "principal preocupación de la ciudadanía". Ante ello, el sindicato apuesta por "un incremento sustancial del parque público de vivienda", junto con "medidas contra la especulación", la "movilización de vivienda vacía" y ayudas al alquiler.
Desde una perspectiva estrictamente sindical, UGT Andalucía defendió la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales como "paso previo a la consecución de las 32 horas", calificándola de "reivindicación histórica" para "avanzar en conciliación, bienestar y calidad de vida". Reclamó también "un reparto más justo de la riqueza", el "fortalecimiento de la negociación colectiva", la mejora de salarios y el reconocimiento de la cualificación profesional, exigiendo que la recuperación económica se traduzca en "una mejora real del poder adquisitivo de las personas trabajadoras".
