El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Junta de Andalucía han coincidido en urgir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a que tome medidas frente al bloqueo político generado en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) respecto a la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. A pesar de que el objetivo final es la demolición del inmueble, ambas administraciones han mostrado discrepancias sobre la estrategia jurídica a seguir y el estado del procedimiento de expropiación.
Durante la novena reunión telemática de la Comisión Mixta de seguimiento del protocolo para la recuperación de este espacio protegido en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, los representantes autonómicos y estatales constataron la falta de avances tras el pleno municipal del Ayuntamiento de Carboneras celebrado el pasado 17 de junio. En dicha sesión, cinco ediles del grupo socialista y dos concejales no adscritos votaron a favor de aplazar la declaración de nulidad de la licencia urbanística, contraviniendo las directrices judiciales.
Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha informado de que sus servicios jurídicos solicitarán al TSJA que decrete directamente la nulidad de la licencia. El Ejecutivo autonómico considera que los incumplimientos y la demora del consistorio hacen necesario apartar al Ayuntamiento del proceso, permitiendo que el Alto Tribunal asuma la ejecución de la sentencia para avanzar hacia la restauración del lugar.
Por su parte, el Miteco ha optado por agotar los mecanismos coercitivos antes de solicitar la ejecución subsidiaria. El departamento estatal registró un escrito ante el tribunal para exigir la remisión del acta del pleno en 48 horas y convocar una nueva sesión plenaria en 72 horas. Además, ha solicitado que se advierta a la corporación local de la imposición de multas coercitivas y de la deducción de testimonio para exigir posibles responsabilidades penales.
El principal desencuentro se centra en el expediente de expropiación del hotel. La Junta aseveró que el ministerio confirmó la suspensión de este procedimiento hasta que culmine la revisión de la licencia municipal, defendiendo su propuesta de anulación judicial directa como única opción viable. Sin embargo, el Miteco rechazó esta afirmación, subrayando que la expropiación continúa vigente y sigue su curso legal, empleando todas las herramientas jurídicas necesarias.
Ambas administraciones ratificaron la vigencia del protocolo general de colaboración suscrito en 2011. La Junta instó al Estado a garantizar la disposición presupuestaria para sufragar los gastos de la futura demolición, justificando su personación en el proceso expropiatorio tras seis meses sin noticias. Se emplazaron a una nueva reunión de seguimiento una vez la licencia municipal quede anulada formalmente.
La Junta ha defendido su compromiso para acabar con "uno de los desmanes urbanísticos más flagrantes del panorama nacional". Los responsables autonómicos han subrayado su personación en los cuatro procedimientos abiertos: judicial, revisión de oficio de la licencia, modificación del planeamiento municipal y proceso expropiatorio. Insistieron en la urgencia de actuar coordinadamente para que el hotel "desaparezca" y el paraje "revierta a su estado anterior".
Por parte de la Junta de Andalucía participaron el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona; el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; la secretaria general de Medio Ambiente, María López Sanchís; el director general de Ordenación del Territorio, José Andrés Moreno Gaviño; la directora general de Sostenibilidad Ambiental, Carmen Jiménez Parrado; junto a técnicos y letrados. Por la Administración General del Estado intervinieron el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro; y otros responsables del ministerio.
