La gestión y ejecución de las obras en las Reales Atarazanas de Sevilla continúan generando controversia. La ADEPA ha expresado su preocupación por la falta de transparencia y la ausencia de respuestas sobre los trabajos que, según lo previsto, culminarán en la apertura del recinto en los próximos meses. La organización subraya que la intervención no solo se aleja de los objetivos de recuperación pactados, sino que ha causado la irreversible pérdida de etapas históricas fundamentales del edificio.

Tras el cierre al público en octubre de 2025, las obras en el antiguo astillero medieval prosiguen bajo el patrocinio de la Fundación Cajasol. ADEPA critica la falta de información por parte de la Junta de Andalucía, propietaria del edificio, y el Ayuntamiento de Sevilla, ante sus reiteradas solicitudes sobre el nuevo proyecto y el alcance de las intervenciones en curso.

Ante esta situación, ADEPA ha instado urgentemente a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Sevilla y a la Fundación Cajasol a comunicar públicamente las intervenciones actuales y a cesar lo que denominan una “política de hechos consumados”. Entre sus demandas específicas se incluyen la restauración completa y la estanqueidad del recinto amurallado, la retirada del relleno en dos naves para recuperar la integridad del astillero, y la eliminación de elementos modernos que ocultan la Sala de Fundición. La asociación considera estas medidas esenciales para preservar un monumento declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

La historia de las Atarazanas se remonta al siglo XII, con restos que datan de esa época. El complejo, que comenzó con el recinto amurallado islámico y la barbacana almohade, albergó entre los siglos XIII y XVI las naves del astillero de las galeras de la Armada Real. A lo largo de los siglos, el edificio se transformó, sirviendo como apostadero para la Carrera de Indias (siglos XVI-XVIII), sede de la Real Maestranza de Artillería (siglo XVIII) y acuartelamiento militar (siglos XIX y XX).

El principal punto de conflicto radica en el incumplimiento del convenio suscrito el 29 de diciembre de 2017, que establecía como objetivo fundamental la “reconocimiento, recuperación, restauración y puesta en valor” de todas las fases constructivas del monumento. Sin embargo, tras unas jornadas de puertas abiertas a principios de octubre de 2025, ADEPA denunció que lo ejecutado no se ajustaba a lo acordado, calificando la intervención de “arqueológicamente insuficiente, históricamente empobrecedora y arquitectónicamente contradictoria”.

La asociación detalla cinco puntos críticos de incumplimiento: la falta de accesibilidad y problemas de mantenimiento en el Recinto Amurallado y la Muralla Almohade; la ignorancia de la demanda de recuperar la escala monumental del Astillero Medieval; el daño irreversible a la Sala de Fundición de Artillería, convertida en tienda y ocultando su valiosa cubierta; las transformaciones drásticas de las intervenciones de los siglos XIX y XX, como la conversión de la capilla en cafetería; y el oscurantismo general en las obras actuales.