La polémica en torno a la gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga ha escalado tras la denuncia de Con Málaga, que alertó sobre miles de procedimientos urbanísticos paralizados. La edil del PP, Carmen Casero, ha salido al paso para desmentir categóricamente estas afirmaciones, calificándolas de "falsas" y acusando a la coalición de una lectura "torticera" de los datos.
“"Es rigurosamente falso, es mentira. Si tiene la más mínima duda de que en alguno de esos expedientes ha habido algún tipo de indicación, instrucción u orden para que se paralice un expediente, que vaya a un juzgado y ponga una denuncia."
Casero ha explicado que la tramitación de un expediente de infracción urbanística es un proceso "complejo" que puede implicar hasta ocho hitos administrativos, desde la inspección inicial hasta la resolución de sanciones. Ha insistido en que los expedientes no son simples y que su prolongación se debe a la propia complejidad legal, no a una inacción del equipo de gobierno.
La responsable municipal ha presentado cifras para respaldar su postura, indicando que desde la creación del servicio de Urbanismo se han tramitado 48.365 expedientes de infracciones, de los cuales el 74% ya están resueltos. Además, ha señalado que desde el inicio del actual mandato en 2023, se han abierto 2.132 expedientes, con 724 ya finalizados. Según Casero, hablar de un "tapón" es una interpretación interesada de las cifras, ya que los 12.000 expedientes mencionados por la oposición aglutinan distintos pasos de un mismo procedimiento.
La concejala ha criticado duramente a Toni Morillas, portavoz adjunta de Con Málaga, por sembrar sospechas infundadas que, a su juicio, calumnian tanto al equipo de gobierno como a los técnicos de la Gerencia de Urbanismo. Ha reiterado que no permitirá que se ponga en duda la profesionalidad de los funcionarios ni de los responsables políticos del área.
En cuanto a la falta de personal, Casero ha afirmado que el departamento de licencias cuenta con 88 técnicos y que 19 personas están adscritas al servicio de disciplina urbanística. Ha destacado que en 2024 se abrieron "casi 600 expedientes de infracciones", una cifra que supera el mejor dato de 2017, cuando se registraron 258. La edil ha reconocido que algunos procedimientos pueden estar abiertos desde hace décadas debido a su judicialización o a la complejidad de sus fases, pero ha negado que esto demuestre una parálisis estructural.
El conflicto político se mantiene abierto, con Con Málaga exigiendo una comisión de investigación, similar a la que se realizó en 2018 por un atasco de expedientes. Toni Morillas ha devuelto el reto a Casero, instando al PP a activar dicha comisión si "no tienen nada que esconder" en la Gerencia Municipal de Urbanismo.
