La reclamación presentada por el sindicato señala que una responsable de Seguridad Ciudadana tendría acceso a una aplicación policial que permite consultar datos de todos los vecinos. Esta información incluiría incidencias policiales, diligencias y atestados judicializados, así como, presuntamente, datos especialmente sensibles.
Para el SIP-An, esta situación podría constituir una clara vulneración de la normativa de protección de datos. El colectivo sindical ha informado que el Consejo de Transparencia ya ha iniciado las actuaciones pertinentes para investigar los hechos denunciados.
“"No todo vale en política ni en la gestión pública. El acceso a datos personales no puede convertirse en una herramienta sin control, y mucho menos cuando se trata de información sensible que afecta directamente a la intimidad de los ciudadanos."
El sindicato advierte que, de confirmarse estas prácticas, serían “inaceptables en un estado de derecho” y exige responsabilidades políticas si se demuestra un uso indebido de los datos. Subrayan que los ciudadanos de San Fernando tienen derecho a conocer quién maneja su información personal y con qué fines, enfatizando que la transparencia y el respeto a la privacidad no son opcionales.
El procedimiento está en marcha y será el órgano competente quien determine si el Ayuntamiento ha actuado fuera de la legalidad en este asunto.
