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Aplazado a septiembre el juicio del caso Marchelo en Alhendín tras dos décadas de instrucción

La Audiencia de Granada ha pospuesto la vista oral sobre presuntas irregularidades urbanísticas en la construcción de una gasolinera.

Imagen genérica de un mazo de juez sobre una mesa en un juzgado.
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Imagen genérica de un mazo de juez sobre una mesa en un juzgado.

La Audiencia de Granada ha decidido aplazar hasta septiembre el juicio de la última pieza del conocido como caso Marchelo, que investiga presuntas irregularidades en la construcción de una gasolinera en Alhendín, tras casi dos décadas de instrucción.

Inicialmente programado para mayo, el proceso judicial se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de septiembre. Este cambio, según fuentes cercanas al caso, podría no ser el último, ya que la nueva fecha requiere el consenso de todas las partes implicadas, incluyendo a los siete abogados defensores.
A diferencia de otras piezas del caso Marchelo, donde se alcanzaron acuerdos para evitar el juicio, en esta ocasión no ha sido posible. La acusación particular, ejercida por un empresario, solicita penas de prisión para los acusados y una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la construcción presuntamente ilícita de la gasolinera en la Avenida de Andalucía del municipio.
Entre los acusados se encuentran un exconcejal de Urbanismo de Alhendín, otros dos exconcejales que formaban parte de la comisión de gobierno, un arquitecto municipal y el empresario al que se le concedió la licencia. La Fiscalía solicita 18 meses de prisión para los tres exconcejales y el técnico municipal, y 21 meses para el empresario implicado, así como para el exalcalde, cuya causa fue archivada provisionalmente por motivos de salud.

"Esta actividad era contraria a las normas subsidiarias vigentes, dado que el terreno estaba en la categoría de 'suelo urbano, agrupación intensiva de vivienda unifamiliar'."

la Fiscalía
Los delitos imputados, que se remontan a 2002, incluyen tráfico de influencias, prevaricación urbanística y prevaricación administrativa. La Fiscalía sostiene que la operación implicó un cambio fraudulento en la clasificación del suelo para permitir la construcción y explotación comercial de la gasolinera, a pesar de que la actividad era incompatible con la normativa urbanística vigente.