La Junta de Andalucía impulsará esta petición, que se presentará en el próximo Consejo de Gobierno. El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, detalló que ya se ha cuantificado la extensión quemada en su término, superando las 6.000 hectáreas. Paralelamente, la Consejería autonómica de Agricultura está coordinando con el sector agrario para que este reconocimiento se extienda a las localidades colindantes.
Fernández subrayó la importancia de una respuesta unificada, dado que la economía de estos pueblos se sustenta en actividades como la agricultura, la ganadería y la apicultura, lo que significa que los problemas de un municipio impactan directamente en los vecinos. El regidor expresó su esperanza en una resolución rápida, calificando el suceso como una tragedia evidente que no requiere análisis complejos para ser comprendida.
En Aznalcóllar, la emergencia obligó a trasladar a casi un centenar de apicultores y alrededor de 700 cabezas de ganado. El alcalde destacó que el desmontaje de cercados de caza facilitó la huida de la fauna silvestre, una labor en la que colaboraron colectivos ecologistas y cazadores locales, algunos de los cuales han propuesto pausar su actividad para favorecer la recuperación de la fauna.
El consistorio también está evaluando medidas para la regeneración de los suelos afectados, buscando preservar su capacidad productiva, y para intentar salvar los ejemplares arbóreos que aún sea posible.
Esta iniciativa autonómica surge tras el anuncio de las consejerías de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, de solicitar al Estado la declaración de la zona como desastre natural. El alcalde describió el evento como un duro golpe para el sector primario de la comarca y para los residentes que perdieron sus hogares, enfatizando que ningún ayuntamiento posee los recursos necesarios para afrontar una catástrofe de esta envergadura por sí solo.
Fernández admitió que los ayuntamientos de la zona carecen de medios propios, tanto humanos como económicos, para la reconstrucción. Por ello, consideró la acción de la Junta como una petición necesaria y largamente esperada por los pueblos afectados, aunque recalcó la importancia de definir claramente la gestión futura del proceso.
El alcalde abogó por la colaboración entre las administraciones para agilizar la respuesta y evitar trabas administrativas. Solicitó que las ayudas económicas se tramiten de manera rápida y transparente para los perjudicados. Describió el paisaje post-incendio como una imagen difícil de olvidar, reflexionando sobre la reacción del entorno natural ante el maltrato o la actuación inadecuada.
El trámite oficial se inició el jueves 20 de agosto, cuando el órgano autonómico de catástrofes trasladó al Consejo de Gobierno la petición formal para que el Estado reconozca la zona como gravemente perjudicada por una emergencia de protección civil, un paso previo indispensable para desbloquear las ayudas económicas. Simultáneamente, las localidades afectadas han habilitado un registro para que empresas, autónomos y particulares, especialmente del sector agrario y apícola, puedan notificar sus daños. Este censo se gestiona junto a la Oficina Comarcal Agraria y otras instituciones para canalizar las futuras ayudas.
