Diversas organizaciones, incluyendo cofradías de pescadores, asociaciones de comerciantes y grupos ecologistas, han convocado una marcha en Sanlúcar de Barrameda. La protesta, que partirá desde Bajo de Guía, busca frenar lo que consideran una amenaza sin precedentes para la comarca, vinculada a los vertidos de las minas de Aznalcóllar y Gerena.
La reapertura de la mina de Aznalcóllar, con un volumen de explotación significativamente mayor, y la actividad de la mina de Gerena, a escasos diez kilómetros, han generado gran preocupación. Se prevé la extracción de 76 millones de toneladas de mineral durante los próximos 17 años, pero la principal inquietud radica en que la balsa de residuos será el propio cauce del Guadalquivir.
Según los colectivos convocantes, el proyecto contempla el vertido de hasta 120.000 millones de litros de agua a la altura de Sevilla capital a lo largo de 18 años. Una fase especialmente crítica es la preliminar, donde se liberarán 17.500 millones de litros de golpe para vaciar las aguas contaminadas de las cortas mineras de Aznalcóllar y Los Frailes durante el primer año y medio.
Científicos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada han documentado altos niveles de contaminación por metales pesados en los sedimentos del Bajo Guadalquivir, acumulados entre 2009 y 2023. El impacto en la fauna es notable, con un tercio de los peces como albures o lisas presentando concentraciones de plomo superiores a los límites legales para el consumo.
“"Los estudios de impacto ambiental validados por la Junta de Andalucía han sido calificados de "fraude" por los expertos, quienes advierten que los metales pesados se adhieren a las partículas de barro del río y se bioacumulan en los seres vivos, en lugar de disolverse en el océano."
Aunque las aguas a verter pasarán por un proceso de depuración, los científicos alertan sobre la masiva y persistente cantidad de metales pesados que llegarán al cauce, incluyendo 5.000 kg de arsénico, 3.000 kg de plomo, 700 kg de cadmio y 400 kg de mercurio. Esta situación amenaza miles de empleos en la pesca, agricultura y turismo, así como la salud de las poblaciones ribereñas.
Ante la falta de respuesta de las administraciones, los convocantes exigen una moratoria inmediata a los nuevos vertidos y la creación de un comité de expertos científicos independientes. El objetivo es evaluar rigurosamente el impacto real de los proyectos mineros antes de que se produzca una catástrofe irreversible en el estuario del Guadalquivir.
