La decisión judicial, que ratifica una sentencia previa del Juzgado de Menores número 1, contrasta con la visión inicial de la Policía Nacional y la Fiscalía, que enmarcaron el caso en la lucha contra las bandas latinas emergentes en la ciudad. La denominada Operación Cripman, lanzada a principios de 2023, se centró en la supuesta pertenencia de los jóvenes a esta organización.
Los hechos, que se iniciaron en el último trimestre de 2022, incluyeron agresiones, extorsiones y robos a otros jóvenes. Uno de los episodios clave fue la difusión en Instagram de una fotografía de dos víctimas mostrando simbología asociada a los Crips, lo que desencadenó las amenazas y agresiones por parte de los condenados. Estos exigieron dinero a las víctimas por el uso de dichos símbolos.
Las condenas impuestas varían: uno de los menores recibió 18 meses de internamiento en régimen semiabierto por robo con intimidación, extorsión y tentativa de robo con violencia. Otro fue sentenciado a 24 meses de libertad vigilada, con obligación de terapia psicológica y familiar, y asistencia a talleres de control de impulsos. El tercer implicado, condenado por un delito contra el derecho a la propia imagen por grabar una agresión y difundirla, recibió 14 meses de libertad vigilada, también con terapias y talleres. Además, se establecieron indemnizaciones económicas para las víctimas.
Yo os voy a dar una hostia a cada uno, aunque es mejor robaros en vez de pegaros.
A pesar de la gravedad de los delitos, el juzgado no encontró pruebas suficientes para acreditar que los menores pertenecieran a una “banda juvenil violenta” o a un grupo criminal organizado. La confesión de uno de ellos sobre haberse tomado fotos con “estética Crips” para redes sociales no fue determinante para la condena por pertenencia a grupo criminal, de la que fueron absueltos.
La Fiscalía recurrió la sentencia, solicitando medidas privativas de libertad más severas y la condena por un delito contra la integridad moral en el caso del menor que grabó la agresión. Sin embargo, la Audiencia de Sevilla desestimó estos recursos, respaldando los razonamientos de la magistrada de menores y considerando “adecuada” la medida de libertad vigilada impuesta, así como la absolución de pertenencia a banda.
