El conflicto se centra en el expediente sancionador y la reclamación de cuotas a la Seguridad Social por parte de la Tesorería General. El Ministerio de Trabajo y Economía Social considera que la administración autonómica ha incurrido en infracciones graves en materia de extranjería al integrar a estos estudiantes extranjeros en el programa de refuerzo del bilingüismo.
La administración autonómica sostiene que el programa se desarrolla bajo convenios internacionales y directrices marcadas por el Gobierno central, por lo que rechaza la responsabilidad exclusiva sobre las condiciones de los participantes. Ante esta situación, la Consejería ha solicitado la paralización cautelar de las multas mientras se resuelven los recursos judiciales.
Además de los expedientes previos en la provincia de Sevilla, la Inspección de Trabajo ha extendido sus investigaciones a la provincia de Almería. Esta situación ha provocado que diversas comunidades autónomas hayan optado por no adherirse al programa estatal para el próximo curso, ante la incertidumbre jurídica y financiera que generan las sanciones.
Ante la falta de auxiliares financiados por el Estado, la Junta de Andalucía ha confirmado que mantendrá su propio programa de refuerzo bilingüe para el curso 2026-2027, extendiéndolo a todos los centros bilingües de la región para garantizar la continuidad del servicio educativo.
