La provincia de Sevilla cerró el año 2025 con un alarmante crecimiento del 13,5% en la cibercriminalidad respecto al ejercicio anterior. Se registraron un total de 22.304 denuncias, lo que se traduce en más de 61 casos diarios. Estas cifras sitúan a Sevilla como la cuarta provincia española en número de delitos tecnológicos, solo por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia, según el informe anual de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior.
Este es el primer año que Sevilla supera la barrera de los 20.000 delitos relacionados con las nuevas tecnologías. Tras un crecimiento más moderado del 2,15% en 2024, la subida actual confirma la tendencia preocupante de la ciberdelincuencia, que ya representa aproximadamente uno de cada cinco delitos en España, siendo las estafas la modalidad predominante.
La evolución histórica muestra un incremento constante: de 2.691 delitos en 2015 a 22.304 en 2025. Destaca el crecimiento del 60% en 2019 y el 45% en 2022. Aunque en 2024 el aumento fue mínimo (2%), la tendencia alcista se ha reanudado con fuerza en 2025, superando el crecimiento medio nacional del 5%.
El Ministerio del Interior subraya que la cibercriminalidad es una de las principales amenazas, constituyendo el 19,8% del total de delitos en España. El 88% de estos se deben a fraudes informáticos, suplantaciones de identidad y engaños digitales.
El informe señala una creciente sofisticación de los ciberdelitos, impulsada por tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, que facilita la automatización de ataques y la creación de contenidos fraudulentos realistas.
En cuanto a la respuesta policial, el número de delitos esclarecidos ha aumentado un 54,6% desde 2021, aunque la tasa de resolución se sitúa en el 14,6%. El número de investigados o detenidos ha crecido un 44%, alcanzando los 19.876.
El Ministerio atribuye las limitaciones en la labor policial al anonimato en la red, el uso de tecnologías de cifrado y la dimensión internacional de los delitos, lo que requiere reforzar la cooperación judicial.
Las víctimas han aumentado más de un 9%, siendo un 52,1% hombres y un 47,9% mujeres, con mayor incidencia delictiva en las edades comprendidas entre los 26 y 65 años.
En el caso de los menores, se observan vulnerabilidades específicas. En mujeres, los delitos sexuales representan más del 31%, seguidos de amenazas y fraude. En hombres, predominan las amenazas (45%) y el fraude (27%).
La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad gestionó 90 incidentes de alto riesgo en operadores de servicios esenciales en 2025, una reducción del 43,8% respecto al año anterior, atribuida a mejoras en prevención y mitigación.
