Esta cifra subraya la magnitud de un problema que no solo afecta la infraestructura de distribución, sino que también compromete la calidad del suministro para los residentes y negocios legítimos. El fraude eléctrico representa un riesgo considerable para la seguridad, habiéndose registrado incendios relacionados con manipulaciones en las instalaciones, lo que deteriora la red y provoca interrupciones.
En los tres primeros meses del año, la energía defraudada en Sevilla alcanzó los 25,2 millones de kilovatios hora. De este total, 1,8 millones, un 8%, se atribuyen a plantaciones de marihuana. Aunque los expedientes vinculados a este tipo de cultivos fueron 27 en el periodo analizado, su consumo es excepcionalmente alto, evidenciando el gran impacto energético de estas actividades ilícitas.
“"Una plantación interior puede llegar a consumir lo mismo que unas 80 viviendas, lo que termina saturando las infraestructuras eléctricas."
Las plantaciones de marihuana, a menudo instaladas en viviendas y naves industriales, son un foco principal de fraude debido a su consumo constante las 24 horas del día. La filial de redes de la compañía llevó a cabo 14 intervenciones en Sevilla contra el fraude asociado a estos cultivos, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estas acciones buscan desmantelar instalaciones complejas que, en muchos casos, incluyen sistemas eléctricos manipulados para sostener el cultivo intensivo.
El fenómeno del fraude eléctrico es un problema de dimensión europea. El Informe Europeo sobre Drogas 2025 destaca que España concentra el 73% de las incautaciones de plantas de marihuana en la Unión Europea, con una incidencia particular en regiones como Andalucía y Cataluña. Las organizaciones criminales llegan a instalar tendidos eléctricos de gran longitud y manipular centros de transformación, aumentando los riesgos para los operarios y el entorno.
Para combatir esta problemática, Endesa mantiene canales de denuncia anónima. La reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026 endurece las sanciones, especialmente en casos vinculados a cultivos de marihuana, contemplando penas de prisión de entre seis y dieciocho meses o multas de hasta veinticuatro meses, lo que representa un cambio significativo en la respuesta penal a este tipo de fraude.
