La Junta de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han criticado el reciente reparto de plazas judiciales aprobado por el Gobierno central, calificándolo de "reparto político" y no basado en la carga de trabajo real. Según un estudio exhaustivo realizado por ambas instituciones, la región necesita 216 jueces para cubrir sus necesidades, pero solo recibirá 95.
Esta asignación insuficiente, que apenas cubre el 44% del déficit, agrava la situación de "cerca de un millón de causas atascadas" en la comunidad autónoma más poblada del país, donde ya se señalan juicios con plazos de hasta cuatro años vista. El sector judicial ha manifestado en múltiples ocasiones su rechazo a cualquier "lucha de carácter político" y ha reclamado soluciones para esta "carenstía".
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de 700 plazas de jueces (500) y fiscales (200) a nivel nacional. Si bien el aumento de la plantilla judicial en Andalucía será del 9,3% para jueces y 7,44% para fiscales, la cifra dista mucho de ser la "deseada, exigida y necesitada", según fuentes de la Junta. En los últimos años, la creación de plazas ha sido mínima, con apenas una docena anual y ninguna en el curso anterior.
Se denuncia un "agravio" con respecto a otras regiones. Mientras Andalucía recibe 95 plazas, Cataluña, tras un acuerdo particular con ERC, recibirá unas 180 nuevas plazas en dos años, el doble que en territorio andaluz. El portavoz nacionalista Gabriel Rufián ha señalado un "bestial colapso judicial" que afecta a su comunidad, reconociendo un problema que trasciende lo regional.
La Junta de Andalucía, con la entrada de Vox en la Consejería de Justicia, mantiene su postura de que el reparto de recursos no atiende a la carga de trabajo, sino al "peso de las alianzas políticas". Se cuestionan los criterios y la falta de diálogo con las comunidades autónomas, y se comparten las dudas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y asociaciones de jueces sobre el sistema de cobertura de plazas, especialmente ante la falta de Presupuestos Generales del Estado.
De las 95 plazas de jueces para Andalucía, 81 son para tribunales de instancia, cinco para las audiencias provinciales de Málaga, Jaén y Sevilla, y nueve de adscripción territorial. Las plazas de fiscales se distribuyen por todo el territorio, reforzando áreas como Delitos de Odio, Trata de Personas y Violencia sobre la Mujer.
El Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, se enfrenta a críticas por los recortes de refuerzos a los tribunales y el traspaso de la carga financiera a las autonomías. Este reparto asimétrico aviva la tensión entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, dejando al sur con menos de la mitad de los jueces necesarios en un contexto de acusaciones de 'lawfare'.
