Tras más de dos décadas de litigios y medio centenar de sentencias, Greenpeace considera que el pronunciamiento del Consejo Consultivo de Andalucía, fechado el 21 de mayo, cierra definitivamente uno de los principales frentes administrativos del conflicto urbanístico del hotel situado a pie de playa en Carboneras. El órgano consultivo concluye que la licencia municipal otorgada a Azata del Sol es “nula de pleno derecho” por haberse concedido indebidamente sobre suelo protegido del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y por afectar a la servidumbre de protección de costas.
La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha declarado: “Hoy celebramos mucho más que la anulación de un permiso de obras; celebramos el fin de la impunidad en nuestras costas”. Añadió que la resolución obliga a actuar sin más retrasos, ya que “el futuro nos exige actuar ya, sin más prórrogas ni blindajes ante los intereses económicos y políticos de unos pocos”.
“"Tras años de trampas y desobediencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras, ya no quedan más excusas: cada día que el hotel sigue en pie es una afrenta a la justicia y al patrimonio común."
El coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero, ha acusado al Ayuntamiento de Carboneras de haber retrasado el cumplimiento de los fallos judiciales y ha reclamado la demolición física del inmueble: “Es hora de que entren las máquinas y que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar recupere lo que nunca debieron arrebatarle. El dictamen no es una sugerencia, es el acta de defunción legal del hotel”.
El dictamen del Consejo Consultivo, si bien no ordena el derribo ni fija plazos, da cobertura jurídica a la revisión de oficio de la licencia. Concluye que la licencia es nula por dos motivos: la autorización sobre suelo protegido no urbanizable según el PORN y la afectación a la servidumbre de protección de costas establecida por la Ley de Costas. A partir de esta conclusión, Greenpeace sostiene que el derribo debe activarse ya, recordando el protocolo de colaboración entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía para ejecutar la demolición y restaurar el espacio natural.
La organización ecologista reclama que los presupuestos públicos de 2026 y 2027 incorporen partidas para ejecutar la intervención, cuyo coste, según un informe de Greenpeace, superaría los siete millones de euros. Además, la entidad considera que la nulidad de la licencia puede ser clave para culminar el proceso de expropiación sin afrontar una indemnización “abusiva” a la promotora, Azata del Sol, que llegó a reclamar más de 70 millones de euros.
El siguiente paso legal es que el Ayuntamiento de Carboneras culmine el procedimiento de revisión de oficio y resuelva formalmente sobre la licencia. Greenpeace ya ha manifestado su exigencia: demolición inmediata y restauración ambiental del paraje.
