Luz verde para anular la licencia del hotel El Algarrobico en Carboneras
El Consejo Consultivo de Andalucía avala la nulidad de la licencia de obras concedida en 2003, allanando el camino para el derribo.
Por Manuel Cano Heredia
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Vista aérea de la playa de El Algarrobico con la construcción del hotel y el paisaje natural protegido.
El Consejo Consultivo de Andalucía ha avalado la propuesta del Ayuntamiento de Carboneras para declarar nula de pleno derecho la licencia de obras del hotel El Algarrobico, concedida en 2003 a Azata del Sol.
El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha emitido un dictamen favorable a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel El Algarrobico, impulsada por el Ayuntamiento de Carboneras. El órgano consultivo considera que el permiso, otorgado en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol, es «nulo de pleno derecho», lo que facilita la anulación definitiva de la licencia y acerca la posibilidad del derribo del inmueble.
La resolución, fechada el pasado 22 de mayo, respalda la propuesta que el Consistorio elevará próximamente al Pleno municipal. Esta acción responde a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en julio de 2021, que instaba al Ayuntamiento a iniciar este procedimiento debido a las irregularidades detectadas en la concesión original.
El Consultivo fundamenta la ilegalidad de la autorización urbanística en dos motivos principales: la construcción en suelo no urbanizable protegido según el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994 y la invasión de la servidumbre de protección de costas, al no respetar la distancia mínima de 100 metros al dominio público marítimo-terrestre. El órgano también valida que sea el Pleno del Ayuntamiento quien impulse el procedimiento y rechaza la caducidad del expediente, a pesar del tiempo transcurrido, argumentando que el proceso ha estado condicionado por resoluciones judiciales.
El dictamen avala también el informe de la Secretaría municipal del pasado 27 de marzo, que servirá de base para el debate plenario. Dicho informe plantea, además de declarar ilegal la licencia, iniciar un expediente independiente para estudiar una posible indemnización a la promotora y cuantificarla, si procediera.
La propuesta municipal indica que el Ayuntamiento deberá «determinar cualitativa y cuantitativamente, así como evaluar económicamente» las posibles cantidades a abonar. Actualmente, el Consistorio carece de medios técnicos y personales suficientes para un análisis en profundidad. Tanto colectivos ecologistas como la empresa promotora presentaron alegaciones durante la tramitación. El Consistorio prevé responder remitiéndose al dictamen del Consejo Consultivo, que respalda la tramitación y la posibilidad de abordar las indemnizaciones en un procedimiento separado.
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"Hoy celebramos mucho más que la anulación de un permiso de obras; celebramos el fin de la impunidad en nuestras costas."
La organización ecologista Greenpeace ha celebrado la decisión, calificándola de «victoria» tras más de veinte años de litigios. Su directora ejecutiva, Eva Saldaña, criticó la actuación del Ayuntamiento de Carboneras, tildándola de «insumisión judicial intolerable».
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"Ya no quedan más excusas para proceder al derribo del hotel y reclamó que se active cuanto antes el protocolo firmado en 2011 entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía para ejecutar la demolición y restaurar ambientalmente la zona."
El coordinador de Greenpeace Andalucía, Luis Berraquero, reclamó la activación del protocolo de 2011 entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía para la demolición y restauración ambiental de la zona. Greenpeace recuerda que el Tribunal Supremo sentenció en 2016 que El Algarrobico era suelo protegido no urbanizable desde 1994 y en 2023 ordenó al Ayuntamiento iniciar la revisión de oficio de la licencia.
La organización ecologista sostiene que la nulidad de la licencia es «la llave maestra» para culminar la expropiación parcial iniciada en 2025 por el Ministerio para la Transición Ecológica sin afrontar indemnizaciones millonarias basadas en una licencia considerada ilegal desde su origen. Greenpeace exige que los presupuestos públicos de 2026 y 2027 incluyan partidas para el derribo y restauración, estimando un coste total superior a los siete millones de euros.