El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen preceptivo y vinculante que declara la nulidad de la licencia de obras concedida para la construcción del hotel del Algarrobico. Este informe, consultado por este periódico, obliga al Ayuntamiento de Carboneras a convocar un pleno municipal para declarar formalmente la nulidad del permiso, un paso crucial tras más de veinte años de batalla judicial.
El documento es demoledor y desmonta los argumentos del consistorio para validar la licencia, solicitada hace más de 23 años. El Consultivo señala que el inmueble fue construido en suelo no urbanizable protegido y contraviene la Ley de Costas. La construcción se inició en 2003, ignorando el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que en 1994 incluyó el paraje del Algarrobico en zona de protección.
Además, el informe critica la entrega de cartografía por parte del Ayuntamiento de Carboneras que no indicaba el grado de protección del suelo. El organismo se apoya en sentencias del Tribunal Supremo y del TSJA que establecen que cualquier actividad en terrenos afectados por un PORN debe adaptarse a sus normas. El Consultivo también señala que la licencia contraviene la Ley de Costas de 1988, que establece una servidumbre de protección de 100 metros, mientras que las primeras construcciones del hotel se encuentran a apenas 14 metros del límite del mar.
A pesar de la contundencia del dictamen, que no es recurrible, la anulación administrativa de la licencia sí podrá serlo por la promotora, Azata del Sol. Fuentes conocedoras del caso prevén que la empresa recurra la decisión del pleno municipal ante los tribunales, lo que podría alargar el proceso judicial durante años más. El Ayuntamiento teme que una indemnización millonaria comprometa su viabilidad financiera.
La licencia de obras se otorgó contraviniendo normativa en materia de costas, la cual era inexcusablemente de aplicación en enero de 2003.
Organizaciones ecologistas como Greenpeace celebran este dictamen como un paso decisivo contra la impunidad en las costas. José Ignacio Domínguez, de Greenpeace, ha instado al consistorio a convocar el pleno sin más dilación para poder solicitar la demolición del hotel. Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, ha calificado el pronunciamiento como un "punto de inflexión" ante la crisis ambiental y climática, y Luis Berraquero, coordinador en Andalucía, ha afirmado que "ya no quedan más excusas" para derribar el edificio, calificando el dictamen como "el acta de defunción legal del hotel".
