El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, ha declarado 13 zonas de Andalucía como afectadas por una emergencia de protección civil, a raíz de los incendios forestales registrados entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026.
Las zonas afectadas incluyen Alosno (Huelva), Villanueva de Castillejos (Huelva), Guillena (Sevilla), Santa Elena (Jaén), Grazalema (Cádiz), Estepona-Benahavís (Málaga), Los Gallardos (Almería), Árchez (Málaga), Almonaster la Real (Huelva), dos en Cerro del Andévalo (Huelva), Cerro Muriano (Córdoba) y Pino del Valle (Granada).
El acuerdo destaca la gravedad del incendio de Los Gallardos (Almería), que causó trece fallecidos y graves consecuencias materiales. El texto también menciona otros incidentes ocurridos en el mismo periodo en diversas comunidades autónomas, como incendios en Galicia, Asturias, Comunitat Valenciana, Ibiza, Cataluña, Región de Murcia, A Coruña, Ourense, Castilla y León, Aragón, La Rioja, y Ciudad Real, así como fenómenos costeros en Menorca y lluvias y tormentas en Cataluña y Mallorca.
La declaración de zona afectada abre la puerta a la solicitud de diversas ayudas gestionadas por el Ministerio del Interior, destinadas a paliar daños personales y materiales, gastos de corporaciones locales y establecimientos. También se contempla la exención de tasas de la Jefatura Central de Tráfico y por expedición del DNI.
Adicionalmente, otros departamentos del Gobierno podrán habilitar ayudas específicas. El Ministerio de Hacienda prevé exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas, además de exenciones del IRPF para daños personales. Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán implementar medidas laborales y bonificaciones en la Seguridad Social.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática concederá ayudas a las entidades locales para reparar infraestructuras municipales. Asimismo, se podrán declarar obras de emergencia para reparar daños en infraestructuras públicas y se agilizarán los contratos de reparación y mantenimiento, así como las expropiaciones de bienes afectados.
