La provincia de Jaén registra un aumento significativo en las condenas por violencia de género, alcanzando un 44,6% más en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025. Los juzgados jiennenses han pasado de 47 condenas en 2025 a 68 en 2026. Este incremento se produce a pesar de un ligero descenso en el número total de víctimas registradas, que baja de 517 a 469.
La tasa de denuncias por violencia de género se mantiene estable en 18,1 por cada 10.000 mujeres, una cifra similar a la del año anterior. La mayoría de las víctimas son españolas (357 en 2026), aunque las víctimas extranjeras han descendido. Las denuncias provienen mayoritariamente de atestados policiales (564 en 2026), seguidas de denuncias directas de la víctima (446).
El número de hombres enjuiciados también ha aumentado considerablemente, de 53 en 2025 a 78 en 2026. Las condenas a ciudadanos españoles representan la mayoría, con un incremento notable respecto al año anterior.
En cuanto a la relación entre víctimas y agresores, los casos entre exparejas (66) y relaciones afectivas (31) son los más frecuentes en 2026. Las órdenes de protección han experimentado un aumento, pasando de 104 en 2025 a 134 en 2026.
Los delitos más comunes en 2026 incluyen lesiones y malos tratos (artículo 153 del Código Penal) con 249 casos, y otros relacionados con el artículo 173 con 159. Se observa un repunte en los quebrantamientos de penas y medidas judiciales.
A nivel andaluz, el número de mujeres víctimas de violencia de género ha descendido un 2,9% en el primer trimestre de 2026, hasta 8.463 casos. Sin embargo, las solicitudes y concesiones de órdenes de protección han aumentado un 2,2% y 2,6% respectivamente.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, señala que el aumento de denuncias a nivel estatal (6,36% más) es positivo, pero advierte que la violencia de género sigue siendo una realidad estructural. Destaca que casi tres de cada cuatro denuncias son presentadas por las propias víctimas.
Esther Rojo también menciona el incremento de víctimas que se acogen a la dispensa del deber de declarar contra su agresor, lo que dificulta el proceso judicial. A pesar de un ligero descenso en las órdenes de protección en términos absolutos, la proporción entre solicitudes y concesiones se mantiene estable, cercana al 70%.
