El narcotráfico en la provincia de Huelva opera como una economía sumergida con una jerarquía y un sistema de salarios propios. Este negocio ilícito, que carece de nóminas o horarios, retribuye a sus participantes en función de las operaciones completadas y los alijos exitosos.

Un cargamento estándar de entre 2.000 y 3.000 kilos de hachís, procedente del norte de Marruecos, puede generar hasta 500.000 euros solo por su introducción en la costa onubense. A partir de ahí, el dinero se distribuye a través de una cadena organizada.

En la base de esta estructura se encuentran los "puntos", jóvenes encargados de vigilar los movimientos de las fuerzas de seguridad desde diversos enclaves. Su labor, que consiste en alertar sobre la presencia policial, se remunera entre 300 y 900 euros por servicio.

Los "descargadores" o "alijadores" son los responsables de trasladar los fardos de la embarcación a tierra firme, percibiendo entre 1.500 y 3.000 euros. Paralelamente, los "bosquimanos" ocultan y custodian la mercancía entre la vegetación o las dunas. La logística terrestre se completa con los "guardeses", quienes vigilan la droga en "guarderías" (chalés, naves o casas de campo) por unos 10.000 euros durante estancias de 24 a 48 horas.

Los conductores, que trasladan la mercancía en vehículos, pueden ganar alrededor de 25.000 euros por operación. En el ámbito marítimo, los salarios varían: un tripulante sin cualificación específica cobra unos 10.000 euros por viaje, mientras que los pilotos o patrones de narcolanchas, con mayor experiencia, pueden alcanzar los 45.000 euros por operación.

La irrupción de la cocaína en este entramado logístico multiplica por diez todas las cifras económicas, manteniendo la misma estructura y roles, pero elevando significativamente el volumen de dinero que circula por esta red clandestina en Huelva.