El presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, ha criticado la modificación normativa, señalando que los nuevos deslindes de dominio público podrían poner en peligro viviendas y construcciones con situación legal consolidada durante décadas en municipios como Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Punta Umbría, Palos de la Frontera y Almonte.
González anunció que el Grupo Popular en el Senado presentará una moción contra esta reforma, argumentando que se está impulsando "sin transparencia y sin consenso" con las administraciones autonómicas y los propietarios afectados. Alertó sobre la incertidumbre generada entre familias que residen en núcleos tradicionales del litoral, temerosas de perder derechos adquiridos o enfrentar demoliciones.
El dirigente popular recordó que una reforma similar fue anulada por el Tribunal Supremo en 2022, al considerar que requería una reforma legal y no solo reglamentaria. Además, cuestionó la falta de un estudio específico sobre las consecuencias económicas y laborales, que podrían afectar a sectores clave como la pesca, el marisqueo, el turismo, la hostelería y los puertos deportivos.
Desde el PP defienden la necesidad de compatibilizar la protección del litoral con la defensa de la propiedad privada, la actividad económica y el empleo en los municipios costeros. La moción busca instar al Gobierno a revisar la reforma y dialogar con las partes implicadas antes de su tramitación.
