La formación política Por Andalucía ha denunciado la crítica situación de la salud mental en la provincia de Granada, atribuyendo la problemática a las políticas de privatización y desmantelamiento de los servicios públicos implementadas por el Gobierno del Partido Popular. Según la coalición, la Junta de Andalucía está debilitando fundaciones públicas esenciales y obligando a las familias a recurrir a servicios privados, donde una sesión psicológica puede alcanzar los 70 euros.
Los datos presentados por la coalición reflejan una crisis estructural. En Andalucía, se registraron 815 muertes por suicidio en 2024, un aumento del 5,96% respecto al año anterior, con Granada liderando la tasa provincial más alta (1,13). Además, el 42,08% de los andaluces ha padecido algún trastorno mental diagnosticable, pero el sistema público no logra cubrir la demanda, con más de 19.000 personas en listas de espera para atención en salud mental en la comunidad en junio de 2024.
“"Con 19.000 andaluces en listas de espera y Granada liderando la tasa de suicidios, el PP mira hacia otro lado. Desde Por Andalucía lo tenemos claro: la salud mental no es un privilegio de clase. Vamos a blindar FAISEM para asegurar la integración social, destinaremos el 10% del presupuesto sanitario a salud mental y garantizaremos por ley psicólogos en Atención Primaria y en los colegios. Ir a terapia no puede depender de tu cuenta bancaria. Hay esperanza y tenemos un plan para cuidar la vida."
La escasez de recursos es un factor clave, ya que Andalucía cuenta con solo cinco profesionales de salud mental por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media estatal (seis) y muy lejos de los 18 recomendados por la media europea. Se estima que faltan más de 18.000 profesionales para alcanzar estándares adecuados, mientras el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones (Pesma-A) 2024-2028 sigue sin ser aprobado.
El Plan Integral de Salud Mental Pública y Comunitaria propuesto por Por Andalucía busca detener la privatización. Sus ejes de acción incluyen una inyección financiera urgente del 10% del presupuesto sanitario para salud mental, lo que permitiría contrataciones masivas para equiparar las ratios de profesionales a la media europea. También se prevé la presencia de psicólogos en Atención Primaria, servicios sociales, hospitales y centros educativos.
Asimismo, la coalición impulsará un plan específico para reducir a la mitad el tiempo de espera en el SAS, abordando la prevención del suicidio, los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) y la ludopatía. Esta labor preventiva se extendería al ámbito educativo con planes antisuicidio en los centros escolares, dotándolos de recursos económicos, materiales y personal especializado. Finalmente, se busca reforzar la red pública FAISEM para asegurar la integración social y aliviar la sobrecarga de cuidados de las familias andaluzas.
