Las facultades de la Universidad de Granada presentan una imagen reivindicativa sin precedentes este 21 y 22 de mayo, marcando el primer paro académico en la historia del organismo público granadino. Tras meses de críticas estudiantiles, las quejas se materializan en una huelga para luchar por mejoras educativas.

Estas fechas se consensuaron en el pleno extraordinario de la Delegación General de Estudiantes (DGE) con el Rectorado el pasado 18 de mayo. La jornada del jueves 21 tuvo su clímax con un acto principal en el Hospital Real y una sentada en la entrada principal de la Facultad de Ciencias.

La DGE señala diversas cuestiones que atañen a la educación pública andaluza. El origen de la protesta se remonta a la subida de precios de los comedores universitarios prevista para septiembre de 2026, una medida que afectará a los beneficiarios de la Beca Propia de Comedores Universitarios, rompiendo compromisos sociales.

Otras reivindicaciones incluyen la infrafinanciación del sistema público andaluz, críticas a la nueva ley universitaria andaluza (LUPA) por su supuesta privatización, insuficiencia de plazas en salas de estudio, pérdida del credibús universitario y saturación del transporte público en los campus. También reclaman blindar la bonificación del 99% y critican la obligatoriedad del nivel B2 sin ayudas suficientes para obtenerlo.

La actividad docente se mantiene, ya que el profesorado y personal de administración y servicios no pueden secundar el paro estudiantil por normativa propia. Por ello, todos los servicios de la UGR funcionan con normalidad y los estudiantes pueden optar por no unirse a la huelga.

Las prácticas, tanto clínicas como curriculares y extracurriculares, continúan. El profesorado puede decidir realizar pruebas de evaluación durante estos días, pero deberán repetirse la semana del 25 al 29 de mayo para quienes hayan ejercido su derecho a huelga. El paro no afecta a actividades no desplazables de asistencia obligatoria.

Granada afronta así una jornada de protesta donde los estudiantes denuncian las condiciones que afectan a la universidad pública y exigen decisiones que no consideren nocivas para el sistema educativo.