El mercado inmobiliario en Granada presenta una situación de precios elevados, tanto en obra nueva como en segunda mano, impulsada por una oferta escasa y una demanda robusta. Actualmente, un residente necesita destinar más de siete años de su salario íntegro para comprar una vivienda, un umbral no visto ni siquiera durante el auge inmobiliario de principios del siglo XXI.
Según un estudio de Infojobs y Fotocasa, los granadinos son los segundos andaluces que más tiempo de salario deben invertir en su hogar. El precio medio por metro cuadrado en Granada cerró 2025 en 2.468 euros. Para una vivienda de 80 metros cuadrados, el coste medio ascendió a 197.469 euros. Con un salario bruto medio anual de 27.311 euros, se requieren aproximadamente 7 años y 2 meses de sueldo neto.
Esta cifra representa un incremento significativo respecto al año anterior (2024), cuando se necesitaban 5,8 años. En tan solo un año, el esfuerzo salarial para acceder a una vivienda ha aumentado en 16 meses. Granada se sitúa así tras Málaga (12,9 años) como la provincia andaluza donde más salario íntegro se dedica a la compra de una vivienda tipo.
El esfuerzo en Granada (7,2 años) es inferior a la media andaluza (7,9 años) y la nacional (8,4 años). En el conjunto de España, una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta de media 230.316 euros, con un salario medio nacional de 27.336 euros anuales. Destaca el contraste con Jaén, donde se requieren solo 3 años de salario íntegro, el menor tiempo de España.
“"España atraviesa la peor crisis de accesibilidad a la vivienda de su historia. Nunca antes los ciudadanos habían tenido que destinar tantos años de su sueldo para comprar una vivienda."
“"Los salarios mantienen una evolución y crecimiento positivos. Sin embargo, el incremento queda muy lejos de la subida del precio de la vivienda, y no se compensan."
Expertos señalan que esta brecha creciente dificulta la planificación financiera a largo plazo de los hogares y agrava la brecha territorial. La vivienda se consolida como un factor determinante en la capacidad de los ciudadanos para desarrollar proyectos vitales y de ahorro.
