La investigación, conocida como Operación Naturke, se inició en enero en colaboración con la Inspección de Trabajo. Se descubrió que el empresario exigía entre 6.000 y 8.000 euros a las víctimas a cambio de facilitarles el empadronamiento y un contrato de trabajo, documentos esenciales para su regularización en España.
Los agentes de la UCRIF verificaron que los trabajadores sufrían jornadas laborales extenuantes sin descanso semanal. El control sobre ellos era constante, incluso mediante cámaras de vigilancia que monitoreaban cada uno de sus movimientos. Además, recibían salarios muy por debajo del mínimo legal y eran objeto de “insultos y amenazas continuadas”, lo que los mantenía en silencio por miedo a la expulsión.
El miedo a la expulsión mantenía a estos hombres en silencio, aceptando un trato que atenta contra la dignidad básica.
La trama también implicaba un fraude a la Seguridad Social y el uso de “viviendas fantasma”. El investigado tenía empadronados a 34 ciudadanos extranjeros en cuatro domicilios de su propiedad o alquilados, aunque la mayoría no residía realmente allí. Este sistema buscaba simular el arraigo necesario para los trámites de extranjería. Asimismo, se detectó que algunos ciudadanos con papeles figuraban en alta en la Seguridad Social sin trabajar, mientras que los irregulares realizaban las labores sin protección legal.
La Operación Naturke sigue en curso y no se descartan nuevas actuaciones. Las autoridades están analizando toda la documentación incautada en los cuatro registros realizados en los establecimientos tipo kebab afectados por esta red de explotación.
