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Detenido empresario en Cádiz por explotación laboral y favorecimiento de inmigración irregular

La Policía Nacional desmantela una red que empleaba a extranjeros en situación irregular en condiciones de explotación y facilitaba empadronamientos fraudulentos en la provincia de Cádiz.

Imagen genérica de dinero y documentos, simbolizando transacciones económicas y situaciones laborales irregulares.
IA

Imagen genérica de dinero y documentos, simbolizando transacciones económicas y situaciones laborales irregulares.

Un empresario ha sido detenido en la provincia de Cádiz por la Policía Nacional, acusado de explotar laboralmente a ciudadanos extranjeros en situación irregular y de facilitar empadronamientos fraudulentos para su regularización.

La operación, denominada Naturke, se inició en enero tras una investigación en varios establecimientos de comida rápida. Las pesquisas se centraron en cuatro locales tipo kebab ubicados en El Puerto de Santa María, Prado del Rey, Bornos y Puerto Serrano, todos ellos vinculados al mismo propietario.
Durante las inspecciones, realizadas en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se detectaron múltiples irregularidades. Se localizaron a cinco ciudadanos extranjeros de origen pakistaní trabajando en situación administrativa irregular, quienes fueron detenidos por infracciones a la Ley de Extranjería y se iniciaron expedientes de expulsión.

Los empleados trabajaban en condiciones consideradas de explotación laboral, con jornadas prolongadas sin días de descanso, bajo vigilancia constante mediante cámaras y percibiendo salarios inferiores a los legalmente establecidos.

Además de las condiciones de explotación, que incluían trato degradante, insultos y amenazas, la investigación reveló que el empresario aprovechaba la vulnerabilidad de los trabajadores debido a su situación irregular en España. Paralelamente, se le investiga por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración irregular.
El detenido habría empadronado a 34 ciudadanos extranjeros en cuatro viviendas de su propiedad o alquiladas, sin que estos residieran realmente allí. Esta práctica buscaba facilitar el arraigo para la regularización administrativa en España. A cambio, el investigado habría exigido entre 6.000 y 8.000 euros o habría recurrido a la explotación laboral en sus negocios.
La Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Puerto de Santa María-Puerto Real ha sido la encargada de desarrollar esta operación, que aún se mantiene abierta y no descarta nuevas actuaciones.