La situación afecta a un residente de la calle Nelson Mandela 7, quien no ha podido abandonar su domicilio desde el pasado diciembre. La causa principal es la falta de suministro eléctrico en las zonas comunes del edificio, lo que ha dejado inoperativo el elevador, esencial para su movilidad.
El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana (AIG), a través de sus portavoces David de la Cruz y Helena Fernández, ha visitado el inmueble y ha instado a la empresa municipal Procasa a intervenir de manera urgente. Según la formación, el corte de electricidad se debe al impago de cuotas por parte de algunos vecinos, lo que ha provocado que el ascensor esté fuera de servicio por más de cuatro meses.
“"Garantizar el funcionamiento del ascensor en este caso es una obligación."
La madre del joven, Encarnación C., ha manifestado que su hijo padece una grave insuficiencia respiratoria que le impide usar las escaleras. Ha solicitado al Ayuntamiento de Cádiz, a través de Procasa, que asuma su responsabilidad en la gestión del edificio para asegurar la accesibilidad. Afirma haber conversado con el alcalde, Bruno García, en marzo, quien se comprometió a buscar una solución, aunque no ha recibido respuesta a sus comunicaciones posteriores.
El edificio, de siete plantas y con 14 familias residentes, es propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y está gestionado por el Ayuntamiento gaditano a través de Procasa. Además del problema del ascensor, AIG ha señalado otras deficiencias en el mantenimiento, como una puerta de acceso defectuosa, desperfectos en paredes y techos, ocupación irregular de espacios y un cristal suelto que representa un riesgo para los inquilinos.
“"La situación es inadmisible y reclamamos una actuación urgente por motivos de salud pública."
La formación municipal ha solicitado a Procasa que actúe de forma subsidiaria para restablecer el suministro eléctrico y poner en marcha el ascensor, citando precedentes en situaciones similares. Hasta el momento, no ha habido una respuesta pública por parte del equipo de Gobierno municipal ni de Procasa sobre las medidas a tomar. Este caso reabre el debate sobre la gestión y el mantenimiento de las viviendas públicas, especialmente en lo que respecta a la accesibilidad para personas con dependencia.
