El conflicto surge a raíz de publicaciones de Raúl Zumba, un influyente creador de contenido de Jaén con más de 1,6 millones de seguidores en redes sociales. La empresa Ecomet Jaén, responsable de un proyecto de planta de biometano cerca de Mengíbar, le ha notificado una reclamación económica que asciende a casi 420.000 euros.
Esta notificación se presenta como un acto de conciliación, paso previo a una posible demanda judicial. La compañía argumenta que los contenidos difundidos por Zumba habrían dañado su honor, al considerar que la información era «presuntamente inexacta» y poseía un «posible carácter alarmista».
La empresa solicita la retirada de varios vídeos, una rectificación pública y el compromiso formal de no volver a tratar el asunto en el futuro.
A pesar de las condiciones impuestas para evitar el litigio, Raúl Zumba ha manifestado públicamente su decisión de mantener los contenidos en sus perfiles, invitando a sus seguidores a consultarlos y formarse su propia opinión. El creador ha reafirmado su compromiso de continuar con su labor comunicativa «con responsabilidad y dentro del marco legal», defendiendo el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información sobre temas de interés público, basándose en «fuentes y datos accesibles públicamente, sin ánimo de perjudicar a ninguna entidad».
El alcance de esta reclamación no se limita únicamente a Zumba, sino que se extiende a otros residentes y miembros de una plataforma ciudadana de Mengíbar que han participado activamente en el debate sobre el proyecto. Este caso subraya la creciente controversia en la provincia de Jaén en torno a las plantas de biometano, con movilizaciones ciudadanas en municipios como Alcalá la Real y la propia capital, y un debate político sobre la regulación de estas instalaciones en suelo rústico y su proximidad a zonas habitadas.
La situación plantea una cuestión fundamental sobre los límites entre la libertad de expresión y la protección del honor en el ámbito digital, especialmente cuando figuras con gran influencia abordan temas de interés público y medioambiental. Será tarea de los tribunales resolver esta tensión si el proceso de conciliación no llega a buen puerto.
