Los cultivos bajo plástico en la zona de Doñana, principalmente en Lucena del Puerto y Almonte, han alcanzado su mínimo histórico con 245 hectáreas irregulares. Esta cifra representa una drástica reducción respecto a años anteriores, cuando se llegaron a contabilizar más de 1.200 hectáreas en 2020, según datos del sistema de teledetección de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
El Plan de la Fresa, firmado en 2014, dejó fuera de la legalidad numerosas fincas que regaban con agua del acuífero. La presión sobre este recurso hídrico, vital para el parque, ha sido una prioridad en el Acuerdo por Doñana. Para abordar esta situación, se implementaron ayudas destinadas a agricultores que abandonaran voluntariamente sus cultivos y renaturalizaran las tierras, buscando aliviar la presión sobre el acuífero.
Los datos de la CHG, que utiliza inteligencia artificial para el control, muestran que actualmente el 93,14% de las 3.571 hectáreas de cultivo bajo plástico en la Corona Norte cuentan con derechos de riego en regla. Las hectáreas ilegales representan solo el 6,86% restante. Comparativamente, el año pasado se registraron 427 hectáreas ilegales y en 2022 casi 700.
La presión administrativa se ha intensificado, resultando en más de 1.300 multas a agricultores por un valor cercano a los 14 millones de euros en las últimas campañas. El plan de actuación incluye la compra pública de terrenos, incentivos para el secano y el cierre progresivo de pozos clandestinos.
El Plan de renaturalización de cultivos de Doñana ofrece ayudas de hasta 70.000 euros por hectárea (100.000 en Huelva) para reconvertir cultivos y restaurar ecológicamente las tierras, con una inversión inicial de 28,5 millones de euros. El objetivo es erradicar por completo las hectáreas fuera de ordenación para 2030. Además, en los últimos seis años se han cerrado forzosamente 1.197 pozos ilegales.
