La Asociación de Propietarios de la Playa de Matalascañas ha manifestado su rotundo rechazo a la decisión del consistorio de establecer el estacionamiento regulado en la vía pública desde mediados de mayo hasta el 30 de septiembre. La principal objeción radica en la ausencia de ordenanzas fiscales que respalden el cobro de estas tasas, calificando la medida de "manifiesta ilegalidad".
“"Esta ausencia de cobertura normativa convierte cualquier intento de implantación en un acto nulo de pleno derecho."
El colectivo subraya que ninguna Administración Pública puede exigir pagos sin una normativa publicada y vigente que regule no solo el precio, sino también los derechos, obligaciones y el régimen sancionador para los conductores. Para los propietarios, esta iniciativa es "arbitraria, recaudatoria y lesiva", rompiendo con el modelo de espacio público tradicionalmente abierto en Matalascañas.
Además, critican que la decisión se ha tomado "sin diálogo y sin transparencia", eludiendo los procesos de participación ciudadana y las fases obligatorias de información pública y alegaciones. La asociación recuerda que iniciativas similares en Almonte fracasaron previamente por "deficiencias jurídicas y falta de justificación técnica".
La advertencia de los propietarios va más allá de la protesta, señalando que la ejecución de la zona azul podría acarrear responsabilidades personales para los responsables políticos y técnicos implicados. Mencionan posibles responsabilidades administrativas y patrimoniales por daños a los ciudadanos, así como delitos de prevaricación administrativa o exacción ilegal.
Los servicios jurídicos de la asociación ya están trabajando en la impugnación de cualquier acto administrativo relacionado con la zona azul y en la solicitud de medidas cautelares urgentes para detener la medida antes de su inicio en mayo. No obstante, han hecho un llamamiento a la calma y a la "prudencia" de los ciudadanos, aconsejando seguir los cauces legales de alegaciones y recursos en la vía contencioso-administrativa en caso de ser multados. La asociación exige la paralización inmediata del proyecto y la apertura de un proceso de negociación real que respete la legalidad vigente.
