Los recientes incendios en Palos de la Frontera y Cartaya han vuelto a poner de relieve uno de los problemas crónicos de la provincia de Huelva. El primer suceso, ocurrido en la noche del lunes, devastó una parte significativa del asentamiento del polígono San Jorge en Palos, afectando a más de 300 personas que perdieron sus pertenencias. Al día siguiente, otro incendio calcinó una nave agrícola y varias viviendas temporales en Cartaya.
Afortunadamente, no se registraron víctimas personales en ninguno de los dos incidentes. Sin embargo, estos sucesos subrayan una realidad persistente en Huelva: miles de trabajadores agrícolas viven en condiciones extremadamente precarias mientras sostienen un motor económico clave para la provincia. Las imágenes de chabolas reducidas a cenizas son una constante, con incendios recurrentes en asentamientos como San Jorge (Palos), Lucena del Puerto y Lepe.
El problema va más allá de los incendios, que son solo la consecuencia más visible de un fenómeno complejo. Este incluye la falta de alojamiento digno, la alta demanda de mano de obra agrícola, la exclusión social, las trabas administrativas y la histórica falta de coordinación entre administraciones.
La provincia de Huelva lidera la producción española de frutos rojos, requiriendo decenas de miles de trabajadores cada campaña. A pesar de la contratación en origen, el sector necesita miles más, muchos de los cuales acaban residiendo en asentamientos informales en Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto y Lepe. Según datos recientes, cerca de 3.000 personas residen en estos asentamientos durante la campaña agrícola, una cifra que se mantiene estable. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) identifica núcleos importantes en San Jorge (Palos), Las Madres (Moguer), El Bosque, Santa Lucía y La Sevillana (Lucena), y varios en Lepe.
Estos asentamientos se caracterizan por chabolas hechas de palés y plásticos, carencia de agua potable, electricidad y saneamiento, acumulación de residuos y aislamiento. La APDHA considera estas condiciones incompatibles con los derechos fundamentales. La precariedad de las construcciones, junto con el uso de materiales inflamables y sistemas eléctricos improvisados o bombonas de gas, multiplica el riesgo de incendios, que ya han causado tres muertes en la provincia desde 2019.
En 2020, el relator especial de la ONU para la pobreza extrema, Philip Alston, describió las condiciones en Lepe como comparables a las peores vistas a nivel mundial. Aunque ha habido avances, son insuficientes. Lepe ha avanzado significativamente con su Plan Integral de Erradicación del Chabolismo, que incluye derribos, prohibición de nuevas construcciones y alternativas habitacionales. Se han abierto albergues y residencias, pero la demanda supera la oferta, obligando a muchos a dormir a la intemperie.
En otros municipios como Palos, Moguer y Lucena, los avances son menores. Organizaciones sociales denuncian dificultades para el empadronamiento y acceso a servicios básicos. El Ministerio de Vivienda ha destinado cinco millones de euros para viviendas públicas de temporeros en Palos y Moguer, como continuación de inversiones previas.
Organizaciones como la Fundación Savia y la Mesa Social del Agua de Andalucía han exigido una reacción inmediata y una estrategia coordinada entre administraciones tras los recientes incendios. Consideran que el problema trasciende lo habitacional, abarcando la integración social y la coordinación administrativa, y reclaman actuaciones sostenidas en vivienda, empadronamiento, sanidad, transporte y empleo.
Los incendios actúan como un recordatorio dramático de una realidad a menudo invisible. Solo cuando las llamas arrasan las chabolas, los asentamientos vuelven a los titulares, pero el foco se apaga rápidamente, dejando un problema de más de dos décadas sin solución definitiva.
