Esta actuación, incluida en el Plan General de Ordenación Urbana desde 1997 y con estudios modificados en 2022, se encontraba paralizada. El expediente afecta a ocho fincas y ha superado el trámite de información pública, estimándose alegaciones de los propietarios, especialmente en la actualización de valoraciones económicas.
El importe total de valoraciones e indemnizaciones asciende a 920.571 euros. Tras la notificación a los afectados, dispondrán de veinte días para manifestar disconformidad, lo que llevaría a la Comisión Provincial de Valoraciones de Andalucía a fijar el justiprecio. Posteriormente se procederá al acta de pago, el proyecto y las obras de urbanización.
“"Hemos conseguido desbloquear este proyecto de hace dos o tres mandatos que es muy importante para descongestionar el tráfico que sufre desde hace años el Camino del Instituto."
La alcaldesa, Carmen Álvarez, ha valorado positivamente el acuerdo, destacando su importancia para descongestionar el tráfico en el Camino del Instituto. Ha anunciado que el proyecto de urbanización estará listo en este mandato y el vial abierto a finales de 2027.
Álvarez también criticó la actitud de la oposición, mencionando el abandono de la sesión por parte del PSOE y la interrupción por un representante de la Policía Local. Señaló que los socialistas provocaron un problema con los conserjes en 2022 al cambiar la modalidad de contrato en la bolsa de trabajo. Tres conserjes con sentencias favorables se reincorporarán la próxima semana, mientras se analizan los pagos de otras sentencias que el Consistorio recurrirá para proteger los intereses económicos municipales.
Respecto a la oposición del PP y Vox, la alcaldesa lamentó mociones consideradas anticonstitucionales, como la relativa a la manipulación del censo electoral, o la planteación de temas en los que el gobierno ya trabaja, como el plan de control de plagas y el de limpieza de la red de saneamiento.
Finalmente, Carmen Álvarez solicitó a la oposición que permita trabajar al gobierno municipal, celebrando el avance urbanístico en la zona de Verdigones, cuyos vecinos cobrarán la expropiación tras casi 30 años de espera desde el PGOU de 1997.
