La resolución judicial detalla que el regidor autorizó una serie de abonos en concepto de horas extraordinarias y complementos salariales que carecían de respaldo técnico y legal. Se detectaron gratificaciones por servicios extraordinarios a agentes que no habían completado su jornada ordinaria anual, así como complementos retributivos sin acreditación de una prestación efectiva de servicios.
“"La situación es un caso de malversación de caudales públicos que afecta directamente a los recursos destinados a servicios esenciales y políticas sociales de la localidad."
La publicación de esta sentencia ha generado una reacción inmediata por parte de la oposición en Chipiona, que ha exigido la dimisión del primer edil. La formación política sostiene que el alcalde actuó eludiendo los informes técnicos y la normativa vigente, calificando los hechos como un caso de malversación de fondos públicos.
Desde la oposición también se ha cuestionado el papel de los concejales del partido socio en el equipo de gobierno, por mantener su apoyo a un alcalde cuya gestión ha sido fiscalizada. Junto a la petición de cese, se ha reclamado una mayor transparencia institucional y la implementación de auditorías independientes para supervisar la administración económica del Ayuntamiento.
La administración local se enfrenta ahora al proceso de restitución del capital señalado en la sentencia para restablecer el equilibrio en el patrimonio municipal afectado.
