La normativa sobre el uso de las playas en Andalucía presenta una notable heterogeneidad en cuanto a las sanciones por desobedecer la bandera roja. Mientras que en algunos municipios como Torrox (Málaga) la infracción leve puede costar hasta 300 euros, en otros como Almonte (Huelva) se considera una falta muy grave, pudiendo alcanzar los 3.000 euros.
La señalización con bandera roja indica un peligro inminente, ya sea por fuerte oleaje, corrientes, animales peligrosos o contaminación. A pesar de la advertencia, si un bañista decide ignorarla, el socorrista no está obligado a realizar el rescate, cuya coordinación recaería en el Servicio de Emergencias 112. El coste de una operación de salvamento podría ser repercutido al infractor.
La disparidad se acentúa en la costa de Granada, donde ordenanzas como las de Motril y Salobreña solo indican 'marejada, peligro para el baño', sin una prohibición expresa. La Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha criticado esta falta de concreción. Por otro lado, ordenanzas más detalladas, como la de Níjar (Almería), eximen a deportistas de surf o windsurf de la prohibición de entrar al agua, aunque no de los costes de rescate.
Recientes incidentes ilustran estas diferencias. En La Línea de la Concepción (Cádiz), un hombre rescatado tras desobedecer la bandera roja podría enfrentarse a una multa de hasta 3.000 euros. En Fuengirola (Málaga), otro bañista fue multado con 1.500 euros por negarse a salir del agua y enfrentarse verbalmente a los socorristas.
A nivel nacional, la Ley de Costas y normativas antiguas existen, pero la aplicación recae en los municipios. La Junta de Andalucía había anunciado la intención de elaborar una norma unificada para prevenir ahogamientos, pero aún no se ha materializado, dejando la situación actual de disparidad.
