Las acciones legales, iniciadas en junio ante la Sección Social del Tribunal de Instancia de Córdoba, buscan defender los derechos laborales de los facultativos ante lo que consideran una vulneración continua de normativas de seguridad y salud.
Entre las deficiencias señaladas se encuentran la falta o inadecuación de protocolos de desconexión digital, una cuestión ya investigada por la Inspección de Trabajo, y evaluaciones de riesgos psicosociales incompletas, especialmente para el colectivo médico en diversas gerencias.
El sindicato también ha denunciado el incumplimiento de los descansos semanales obligatorios, particularmente para el personal con guardias, y la ausencia de una evaluación específica de la fatiga física y mental derivada de la carga asistencial y la fragmentación del sueño.
“"La degradación de las condiciones laborales de los médicos repercute directamente en la calidad y seguridad de la atención sanitaria. No se puede sostener un sistema sanitario público sobre la precariedad y el desgaste continuo de sus profesionales."
Se advierte que el modelo organizativo actual fomenta una "epidemia de burnout médico" y otras patologías mentales, evidenciando un problema estructural. El sindicato insta a otras organizaciones sindicales a unirse a estas demandas para asegurar un sistema sanitario "digno, seguro y sostenible".
“"El sistema sanitario no puede seguir funcionando como una trituradora de médicos. Proteger a los profesionales es proteger a los pacientes."
