Las entidades involucradas, como el Ayuntamiento, Correos y diversas ONG, han alertado sobre la escasez de personal especializado, los problemas informáticos y la falta de una planificación adecuada. A menos de dos meses para el cierre del plazo de solicitudes, los empleados públicos están gestionando la situación con los recursos disponibles.
“"Cuando se promulgó el Real Decreto el 14 de abril, no se tuvieron en cuenta a los ayuntamientos ni a las entidades del tercer sector."
La delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba ha criticado la falta de información y coordinación entre las administraciones. Ha señalado que los servicios sociales, responsables de emitir los informes de vulnerabilidad, no recibieron instrucciones claras ni apoyo adicional para afrontar la avalancha de solicitudes. Hasta el momento, han gestionado 721 solicitudes, el doble que el año anterior, con los mismos recursos.
La situación está generando una gran angustia tanto para los migrantes que buscan regularizar su situación como para los profesionales encargados de gestionar las solicitudes. Un portavoz de Accem ha explicado que, a pesar de la sobrecarga, las organizaciones sociales están haciendo todo lo posible para responder a las demandas, aunque las dudas más frecuentes se relacionan con la documentación y los plazos.
El malestar también se extiende a los empleados de Correos. Una delegada sindical ha subrayado que la falta de formación y el escaso refuerzo de las plantillas han provocado importantes demoras. El primer día fue caótico, con citas que superaban los 40 minutos por persona, en lugar de los 20 previstos. Además, los fallos en el sistema informático y la presentación de varios miembros de una misma unidad familiar en una sola cita están ralentizando aún más el proceso.
“"Hay falta de información; a una misma cita se presentan varios miembros de una familia para regularizar su situación."
Un responsable sindical del Sector de Administración General del Estado en Córdoba ha alertado de que esta sobrecarga también afecta a la Seguridad Social y al SEPE. La plantilla actual no está dimensionada para el aumento de solicitudes, lo que causa retrasos en la atención ciudadana. La central sindical CC.OO., colaboradora oficial en el proceso, ha señalado la falta de personal y la escasez de oficinas habilitadas en Córdoba como problemas principales, además de la falta de traductores y de información clara.
