La formación política ha calificado la situación actual como insostenible, señalando que la falta de agilidad en la resolución de expedientes está provocando que numerosos vecinos pierdan el acceso a prestaciones sociales, recursos educativos y servicios sanitarios básicos. Según denuncian, esta ineficacia administrativa vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía.
El conflicto administrativo ha sido objeto de atención por parte del Defensor del Pueblo de Andalucía. En junio de 2025, esta institución instó al consistorio cordobés a cumplir con los plazos legales, recordando que, tras tres meses de inactividad, debe aplicarse el silencio administrativo positivo y proceder a la inscripción de oficio de los solicitantes.
“"Es inaceptable que la ciudadanía tenga que esperar meses por un derecho tan básico. Exigimos al equipo de gobierno que actúe de manera inmediata para resolver un problema que afecta a la vida cotidiana de cientos de vecinos."
La propuesta que se debatirá en el Pleno busca esclarecer si el gobierno local ha implementado las recomendaciones del Defensor del Pueblo. El objetivo es garantizar que el Ayuntamiento de Córdoba cumpla con sus obligaciones legales, evite la parálisis administrativa y asegure una respuesta eficaz a las necesidades de los residentes.
