Facua Córdoba ha expresado su descontento ante la resolución de la Junta de Andalucía de no imponer multas a la empresa encargada de la gestión de la Estación de Autobuses de la capital, pese a que las inspecciones realizadas tras una denuncia de la asociación en octubre de 2025 revelaron incumplimientos contractuales.
La organización de consumidores señaló que puso en conocimiento de la Junta el incumplimiento de las condiciones del contrato de concesión, particularmente la ausencia de personal en la torre de control durante ciertas franjas horarias, algo que el pliego de condiciones exige que esté cubierto por personal cualificado.
Tras preguntar en febrero de este año sobre las actuaciones, la Delegación Territorial de Fomento no realizó las inspecciones hasta abril, un retraso que Facua considera una "grave pasividad" de la Administración autonómica. La asociación argumenta que esto compromete la atención a los usuarios y pone en duda el control y supervisión de la Junta sobre la concesionaria, Vectalia.
La Junta, en su resolución, admite que no había personal en la torre de control en determinados momentos. Sin embargo, concluye que no hay incumplimiento sancionable, argumentando que el servicio puede prestarse mediante cámaras, automatización y control remoto. Facua critica que esta interpretación "vacía de contenido" las obligaciones contractuales y sustituye un servicio presencial por uno remoto sin modificación formal del contrato.
La ausencia de personal en la torre de control afecta directamente a la información a los usuarios, a la accesibilidad de las personas con discapacidad visual, a la coordinación de las dársenas y a las condiciones de seguridad en una estación con especiales dificultades de visibilidad.
Facua Córdoba también critica que la Junta haya minimizado el problema a la inexistencia de incidencias graves, cuando el debate jurídico real es si la empresa cumple o no sus obligaciones contractuales. La asociación considera que la resolución envía un "mensaje muy peligroso" al permitir que las empresas concesionarias incumplan pliegos si la Administración considera que el sistema sigue funcionando.
Ante esta situación, Facua continuará realizando un "seguimiento exhaustivo" y estudiará "nuevas actuaciones administrativas y jurídicas" para exigir el cumplimiento íntegro de las obligaciones concesionales y la protección de los derechos de los usuarios del transporte público.
