La complejidad de los procedimientos y los extensos plazos de tramitación son los principales argumentos esgrimidos por las delegaciones municipales para justificar el estancamiento en la aprobación de la normativa local. Esta situación se refleja en el documento de evaluación técnica aprobado por la Junta de Gobierno Municipal, al que ha tenido acceso este medio, y que subraya el escaso progreso en Capitulares.

La única excepción a este panorama fue la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria de la empresa municipal Emacsa, referente a la tasa del agua. Este texto, crucial para la gestión del Ciclo Integral del Agua en la ciudad, fue el único que superó el Pleno y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), mientras que los otros quince proyectos quedaron relegados.

De las dieciséis iniciativas contempladas en el PAN 2025, solo se inició la tramitación de cinco. Tres de ellas se encuentran en fase de preparación y dos han sido modificadas tras acuerdos de la Junta de Gobierno Local. Entre estas destacan la regulación de las terrazas de hostelería y el nuevo registro municipal de vivienda protegida. También avanzaron, aunque lentamente, las normas para el Consejo Local de Infancia y la gestión de la Casa de la Solidaridad, sin fecha de aprobación prevista.

Además, diez ordenanzas ni siquiera han alcanzado la fase de redacción técnica. Este listado incluye asuntos de gran interés como la regulación de los mercados minoristas, los estatutos de Urbanismo, la ordenanza de vertidos y la normativa sobre la instalación de ascensores en edificios existentes. Delegaciones como Mercados, Seguridad Ciudadana e Infraestructuras no han redactado ninguna de las propuestas previstas.

Para mitigar este balance negativo, el documento oficial menciona la aprobación de algunas normas pendientes de 2024, como el Reglamento Orgánico General del Ayuntamiento y la ordenanza de convivencia ciudadana, que regula aspectos como las despedidas de soltero y fue aprobada definitivamente en marzo.

El Plan Anual Normativo es una herramienta fundamental para la mejora regulatoria, buscando fortalecer la seguridad jurídica y fomentar la participación ciudadana y la transparencia gubernamental. Su cumplimiento es una obligación legal según la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, representando un avance en la calidad y evaluación de la actividad administrativa y política.