El Consejo Social de Córdoba ha emitido un dictamen negativo y unánime sobre la propuesta del Ayuntamiento de recuperar el sorteo para la adjudicación de la vivienda de protección oficial (VPO). El órgano consultivo considera que este sistema es más "injusto" que el actual modelo de baremación.
Aunque el dictamen no es vinculante, representa una advertencia significativa para el consistorio, ya que el Consejo Social agrupa a diversos agentes sociales, económicos, profesionales y vecinales de la ciudad. La propuesta, aprobada por la Junta de Gobierno Local el 8 de junio, aún requiere el visto bueno del Pleno municipal.
En su informe, el Consejo Social cuestiona los motivos para abandonar el sistema de baremación, argumentando que es "más justo" y que el sorteo solo debería aplicarse en "casos excepcionales". Se apoya en un informe de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, que señala que el sorteo, aunque válido, no es el más justo al no considerar las circunstancias personales, familiares y económicas de los solicitantes.
El órgano consultivo también advierte de que un "sistema aleatorio" podría generar inseguridad jurídica debido a "un gran número de contradicciones" en la norma. Esta opinión contrasta con la del equipo de gobierno, que defiende la medida como una forma de dar "más oportunidades a demandantes históricos" que quedaban en reserva.
Como resultado, el Pleno del Consejo Social recomienda al Ayuntamiento reconsiderar la norma y mantener la baremación como criterio principal para la adjudicación de VPO, reservando el sorteo solo para supuestos excepcionales. El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, había indicado previamente que la periodicidad de los sorteos se determinaría anualmente o tras la adjudicación de 500 viviendas.
El informe desfavorable también alerta sobre el régimen transitorio, que podría perjudicar a los inscritos que ya han sido baremados, y señala contradicciones en los requisitos de acceso, como la falta de concreción en la renta máxima y posibles reducciones de acceso para familias vulnerables.
Finalmente, el Consejo Social cuestiona la potestad del promotor para elegir adjudicatarios y critica la técnica jurídica empleada en la redacción del texto. A pesar de las objeciones, reitera su apoyo a que Vimcorsa continúe impulsando promociones de vivienda protegida asequible en la ciudad.
