En la séptima sesión del juicio, Carlos González, junto a su hijo Alejandro González y otros acusados, declaró por primera vez. El expropietario del club afirmó que cada operación cuestionada estaba debidamente contabilizada y nunca recibió reproches de los organismos de control.
González relató que asumió la gestión deportiva del club de forma íntegra, incluso tras ceder la presidencia a su hijo en 2016, decisión que atribuyó a amenazas. Explicó que el club, comprado en 2011 en "quiebra técnica", fue sostenido por sus otras empresas, y que las facturas emitidas posteriormente respondían a servicios prestados y a su trabajo como asesor externo.
Frente a la acusación de gestión ruinosa, reivindicó los mayores éxitos históricos del club, incluyendo el ascenso a Primera División y la buena salud de la cantera. "Fue la mejor temporada de la historia del Córdoba", afirmó, defendiendo que los contratos fueron una inversión con resultados.
La defensa de González se basó en la legalidad de cada operación, asegurando que ni auditores, ni LaLiga, ni el Consejo Superior de Deportes, ni los accionistas pusieron reparos. Esto incluyó el reparto de dividendos, gastos con tarjeta como obsequios de representación, y la seguridad de su domicilio, necesaria por amenazas y recomendada por la policía.
El resto de acusados respaldaron la versión de Carlos González. Su hijo Alejandro González, expresidente, afirmó haber asumido solo la "representación social" mientras su padre seguía dirigiendo el club. Francisco Javier Jiménez Sacristán, mano derecha de González, defendió sus gastos con tarjeta como "ridículos" y de representación. Álex Gómez Comes y Andrés Delgado se presentaron como figuras sin poder de decisión real, mientras que el agente FIFA Salvador Sánchez defendió la rentabilidad de su trabajo en fichajes y salidas de jugadores.
Los últimos peritos, de BDO y el Consejo Superior de Deportes, declararon que su trabajo se limitó a señalar hechos relevantes sin emplear el término "irregularidad", y que el reparto de dividendos, aunque inadecuado por la situación económica, no fue invalidado por no ser competencia del organismo.
