Adolfo Molina, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, ha hecho un llamamiento a la calma y a la racionalidad en la discusión sobre la implantación de plantas de biogás en la provincia. Estos proyectos han generado considerable oposición social en localidades como Cabra y, más recientemente, en Baena.
Molina aconsejó no "dejarse llevar por bulos" y aseguró que la Administración autonómica actuará "con la legalidad vigente". Explicó que la función de la Junta se "limita" a la aprobación de las autorizaciones ambientales, añadiendo que "si cumplen los requisitos, tendrán la autorización. Siempre vamos a cumplir con la norma y la legalidad".
“"Si cumplen los requisitos, tendrán la autorización. Siempre vamos a cumplir con la norma y la legalidad."
En Baena, la alcaldesa, María Jesús Serrano, ha reiterado su oposición a la posible instalación de una planta de tratamiento y producción de biometano. Aseguró que el Ayuntamiento empleará "todas las herramientas legales y jurídicas a su alcance para impedir que se implante una industria que pueda generar molestias a la población".
La regidora de Baena anunció la convocatoria de una junta de portavoces para proponer una declaración institucional conjunta. Entre las medidas, se plantea el "rechazo unánime a cualquier planta de biometano que pueda ocasionar malos olores o impacto sanitario". Además, se solicitará a la Junta de Andalucía la suspensión cautelar de la tramitación ambiental y la aprobación de un plan especial para regular las instalaciones de energías renovables en suelo rústico.
