La organización empresarial advierte que esta situación, cada vez más extendida, no solo compromete la conservación del entorno natural sino que también genera tensiones de convivencia con residentes, usuarios de playas, deportistas y visitantes de la costa tarifeña.
En un comunicado emitido este jueves, la Federación expresa su inquietud por el incremento de estos asentamientos temporales en áreas protegidas y demanda una respuesta coordinada de las autoridades competentes para asegurar el respeto a la normativa vigente.
Desde la organización se defiende un modelo de turismo "sostenible, respetuoso y ordenado", aclarando que su postura no se dirige contra ningún tipo de turismo ni contra los viajeros que optan por este tipo de vehículos. Su principal demanda es que todos los visitantes utilicen los espacios designados para pernoctar y cumplan las mismas normativas.
La preocupación de los empresarios surge en un contexto de continuos operativos de control y desalojo en estos enclaves. Tanto Los Carriles como el aparcamiento de Los Lances Norte están bajo la protección del Parque Natural del Estrecho, donde la normativa medioambiental restringe estrictamente el estacionamiento nocturno y prohíbe la acampada fuera de las zonas autorizadas.
El Plan Rector de Uso y Gestión del espacio natural estipula que el estacionamiento de vehículos entre el ocaso y el amanecer solo está permitido en campings o áreas habilitadas. El despliegue de elementos como mesas, sillas o toldos se considera acampada ilegal.
Colectivos ecologistas han señalado durante años el impacto de estos asentamientos en uno de los ecosistemas más valiosos del litoral gaditano, incluyendo acumulación de residuos, vertidos incontrolados, compactación del terreno, daño a las dunas y mayor riesgo de incendios.
La Guardia Civil, la Policía Local y agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía realizan dispositivos especiales para desalojar vehículos mal estacionados, resultando frecuentemente en numerosas denuncias y desalojos. Las sanciones pueden variar entre 30 y 3.000 euros, llegando hasta 5.000 euros en casos de daños ambientales graves.
La Federación de Empresarios recuerda que Tarifa cuenta con infraestructuras legales para este tipo de turismo, como el Área de Autocaravanas de Tarifa, el espacio de Valdevaqueros y campings existentes en el municipio.
"Tarifa no puede normalizar la ocupación irregular de espacios protegidos", insisten desde la organización, considerando que la protección del Parque Natural y el desarrollo turístico son objetivos compatibles y esenciales para el futuro del destino.
