Los residentes del barrio de San García, en Algeciras, han iniciado una campaña de recogida de firmas para intentar frenar la apertura de un salón de juegos. El establecimiento se ubicará justo debajo de la escuela infantil privada Colors y a escasos 350 metros del colegio público Caetaria, generando una gran preocupación entre la comunidad.
“"No es que no nos importe, pero no está en nuestras manos prohibirlo. Lo hemos requerido en reiteradas ocasiones."
La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras, Yéssica Rodríguez, ha manifestado la impotencia del consistorio ante esta situación. Según explicó, los ayuntamientos carecen de potestad para denegar este tipo de licencias, ya que la regulación de los salones de juego está regida por una ley de ámbito autonómico, de rango superior. La edil reconoció compartir la inquietud de los vecinos.
El Decreto 161/2021 de la Junta de Andalucía establece una distancia mínima de 150 metros entre los salones de juego y los centros educativos no universitarios. Sin embargo, la normativa solo protege a aquellos centros que imparten enseñanza "de carácter reglado y obligatorio". Dado que la escuela infantil Colors atiende a menores de tres años, una etapa no obligatoria, el futuro salón de juegos no infringe la ley vigente.
Izquierda Unida Algeciras ha solicitado el expediente de la licencia de apertura para verificar el cumplimiento de la normativa de protección a la infancia. La coordinadora local, Purificación Alonso, considera que la apertura "contravendría la legislación vigente" en materia de infancia, a pesar de la excepción de la escuela infantil. La formación ha respaldado la iniciativa vecinal, calificando de "razonable" la alarma generada.
Este debate no es exclusivo de Algeciras. La proliferación de casas de apuestas y salones de juego cerca de centros educativos y zonas frecuentadas por jóvenes es una constante en toda Andalucía. En 2022, el entonces consejero de Hacienda de la Junta, Juan Bravo, afirmó que no existían "motivos suficientes" para ampliar la distancia mínima de 150 metros, dejando la responsabilidad en manos del gobierno autonómico.
Otras comunidades autónomas han adoptado medidas más restrictivas. La Comunidad Valenciana, desde 2020, exige una distancia de 850 metros entre locales de juego y centros sensibles, mientras que Canarias la elevó a 300 metros en 2024. Los intentos de ayuntamientos andaluces, como los de Cádiz y Alcalá de Guadaíra, de modificar sus planes urbanísticos para aumentar estas distancias han sido recurridos y anulados por la Junta de Andalucía y los tribunales, argumentando que la regulación del juego es competencia autonómica.
Más allá de los aspectos legales, la preocupación vecinal se fundamenta en el riesgo para la salud pública. Especialistas en salud mental y adicciones advierten que la exposición temprana al juego incrementa significativamente el riesgo de desarrollar conductas adictivas, con graves consecuencias económicas, personales y emocionales. En muchos barrios de Algeciras y del Campo de Gibraltar, estos locales son los primeros negocios que encuentran los jóvenes al salir de los institutos, lo que subraya la necesidad de revisar las prioridades urbanísticas y sociales.
