El regidor pontanés, acompañado por un inspector sanitario y agentes de la Guardia Civil y Policía Local, ha visitado el inmueble, de titularidad privada, para constatar el lamentable estado del interior. Velasco ha subrayado que cualquier desalojo debe ser por vía judicial, ya que las competencias municipales son limitadas.

El Ayuntamiento ha detallado las actuaciones realizadas ante el foco de inseguridad que supone el edificio en el centro de la población. El juicio para el desalojo, previsto inicialmente para abril, se ha pospuesto a junio. Ante la espera, se ha solicitado una inspección sanitaria por la posible afectación a la zona infantil del cercano Parque de Los Pinos, al colegio, biblioteca y escuela de idiomas.

"Hemos constatado una situación de absoluta gravedad para la salud pública", aseguró Velasco, quien espera que un informe sanitario permita actuar. El Consistorio podría realizar labores de limpieza de manera subsidiaria si el propietario no lo hace, calificándolo como una "prioridad".

El alcalde ha enfatizado que el Ayuntamiento está activando todos los mecanismos legales para forzar la desocupación por razones de salud pública y proteger a vecinos, comercios y equipamientos cercanos. La denuncia del titular se presentó tarde, permitiendo que el número de ocupantes superara las 40 personas, aunque actualmente es inferior a diez.

Los problemas de convivencia incluyen hurtos, uso indebido de patinetes, peleas y suciedad. El Consistorio ha impulsado medidas desde finales de 2025, como un informe técnico municipal sobre el estado insalubre, el traslado al juzgado y la solicitud de corte de enganches ilegales a la red eléctrica y de agua. También se ha actuado ante la presencia de roedores y se ha reforzado la seguridad en el parque.

Se ha reforzado la presencia policial en la zona, con identificaciones y actuaciones ante conductas incívicas. Velasco ha afirmado que se actuará con firmeza "dentro de la legalidad" para proteger a los vecinos. A pesar de las limitaciones competenciales en inmuebles privados, el gobierno local actúa en frentes técnico, sanitario, policial, administrativo y judicial para defender a los vecinos y recuperar la normalidad.