La formación ha denunciado que los criterios de acceso a estas nuevas VPO están dejando fuera a numerosas familias trabajadoras inscritas en el registro municipal de demandantes. Según sus declaraciones, una familia con dos nóminas estables, registrada en Procasa, tuvo que rechazar una de estas viviendas al no poder afrontar el desembolso inicial exigido.
La cantidad requerida para el acceso a estas viviendas asciende a 74.000 euros en un periodo aproximado de 17 meses, a lo que se sumaría posteriormente la formalización de la hipoteca. Esta situación, según la formación, hace que el acceso sea “inviable” para hogares con ingresos medios y bajos, desvirtuando el propósito social de la vivienda protegida.
“"Estas condiciones convierten el acceso en inviable para hogares con ingresos medios y bajos. El actual modelo de vivienda protegida se está alejando de su finalidad social."
La promoción de Los Chinchorros se enmarca en la categoría de viviendas a precio limitado, una figura contemplada en el decreto-ley andaluz de vivienda 1/2025. Esta normativa amplía el límite de ingresos hasta siete veces el IPREM y permite que las viviendas pasen a régimen de renta libre tras siete años. La formación considera que esta regulación modifica el carácter de la vivienda protegida y amplía el perfil de potenciales compradores, vinculándolo a un cambio en la política autonómica de vivienda.
Además de Los Chinchorros, el grupo municipal ha mencionado las 200 viviendas proyectadas en el barrio de Loreto, que también se rigen por la fórmula de precio limitado y el mismo umbral de ingresos. La formación ha responsabilizado tanto a la Junta de Andalucía como al equipo de Gobierno municipal por no haber intervenido para supervisar o modificar estas condiciones.
La coalición ha subrayado que la situación es crítica en el contexto demográfico actual de Cádiz, que se acerca al umbral de los 100.000 habitantes. Advierten que las dificultades para acceder a una vivienda pueden contribuir a la salida de población de la ciudad. Por ello, reclaman una revisión de las políticas de vivienda para asegurar que las VPO cumplan su función social y sean accesibles para las familias inscritas en el registro público de demandantes.
