La propuesta busca abordar la emergencia habitacional provocada por la proliferación de alojamientos turísticos, que los promotores consideran una actividad económica que debe ser regulada. La consulta plantea la pregunta: "¿Está de acuerdo con que el Ayuntamiento modifique las normas urbanísticas y someta a licencia urbanística municipal las viviendas de uso turístico, y por tanto, se deban de retirar de la actividad aquellas que incumplen con el PGOU vigente?". Esta iniciativa ya se ha implementado en Santiago de Compostela y Cataluña, pero la fórmula del referéndum es una novedad en España para este asunto.
El grupo promotor, compuesto por Izquierda Unida (IU), Podemos, Verdes Equo, Justicia Social, Alternativa Republicana y Recortes Cero, presentó la iniciativa en rueda de prensa. Pedro Jiménez, coordinador de IU Cádiz, y Marina Liberato, portavoz de Podemos en la ciudad, explicaron la hoja de ruta.
Jiménez destacó la situación de "emergencia habitacional" en la ciudad y la necesidad de medidas que reviertan la turistificación, junto a la promoción de vivienda pública y la limitación de precios de alquiler. "Es preciso revertir este proceso para que la gente pueda seguir viviendo aquí", afirmó.
Liberato señaló que los índices de presión turística del INE avalan esta necesidad, especialmente en el Casco Histórico. Detalló que en zonas como la Calle Nueva, Cristóbal Colón, San Francisco y Canalejas, la presión turística alcanza el 11,35% del parque inmobiliario, duplicando el límite municipal en áreas como Candelaria, Feduchy y Vargas Ponce (8,38%).
Se recordó que en septiembre de 2022, el Ayuntamiento de Cádiz aprobó una modificación del PGOU para limitar la implantación de nuevas VUT en el casco antiguo y restringir la construcción de hoteles y apartamentos turísticos. Sin embargo, durante el proceso de aprobación, se inscribieron numerosas VUT para eludir la limitación, generando una "anomalía".
Una nueva modificación del PGOU en mayo de 2025 introdujo una moratoria de tres años y amplió las limitaciones, eliminando la posibilidad de habilitar VUT en ciertas plantas y zonas. La propuesta actual busca incorporar la creación de una licencia urbanística municipal para "corregir" esta anomalía y garantizar el cumplimiento del planeamiento.
Los promotores explicaron que la consulta popular es una herramienta de participación ciudadana amparada por la legislación. Para activarla, se requiere un grupo promotor y la recogida de firmas. El Reglamento Municipal de Participación Ciudadana de Cádiz exige el 3% del censo electoral (2.849 firmas), mientras que la ley andaluza estipula 6.448 firmas para municipios de más de 100.000 habitantes.
Aunque el resultado de la votación no es estrictamente vinculante, sí es de "obligado tratamiento político". El Ayuntamiento deberá convocar un Pleno Extraordinario en un mes para adoptar un acuerdo formal teniendo en cuenta el resultado de la consulta.
La hoja de ruta incluye el registro formal del grupo promotor el 31 de julio, la solicitud de colaboración municipal para validar las firmas, y a partir del 15 de septiembre, una campaña de movilización en los barrios para la recogida de apoyos. La entrega y fiscalización de firmas se prevé para octubre o noviembre, seguida de la elevación a Pleno por parte del alcalde.
