El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha acordado por unanimidad desestimar el recurso de reposición presentado por Marina Puerto de Santa María S.A. contra la denegación de la medida provisional para mantener la actividad de los kioscos desmontables en Puerto Sherry. La decisión, que se hará efectiva a partir del 7 de julio, responde a la aplicación de la normativa vigente y a la gestión del dominio público portuario.
Esta resolución ha generado gran preocupación entre las empresas gestoras, que han anunciado la presentación de una medida cautelar ante el Juzgado para intentar justificar el grave perjuicio económico que supondría el cierre al inicio de la temporada. De no ser atendida, los cuatro establecimientos afectados (Playa Canalla, Phi-Phi, Blu y Margarita) no podrán abrir sus puertas.
Los empresarios, que llevan tres años con permisos renovados y confiaban en una solución transitoria hasta septiembre, aluden a las contrataciones de eventos y servicios ya cerrados para el verano, así como a las contrataciones de personal, que afectan a unas 300 personas, en su mayoría jóvenes. Reconocen haber realizado una "inversión descomunal" para preparar la temporada.
Las empresas también son conscientes de las críticas ciudadanas relacionadas con los 'botellones' y la acumulación de residuos, pero aseguran que toman medidas como limitadores de ruido y servicios de limpieza extraordinarios. Señalan que, en caso de no admitirse la medida cautelar, cesarán la actividad el 7 de julio, calificando de "temeridad" abrir sin licencia.
Como plan alternativo, los empresarios barajan la organización de eventos en otros locales de su propiedad. Miran hacia el futuro con la posibilidad de obtener una nueva licencia municipal a partir de septiembre para permanecer en Puerto Sherry.
El Ayuntamiento ha notificado formalmente a los establecimientos el cese de actividad a partir de las 00:00 horas del 6 de julio, una vez expire la autorización de la Autoridad Portuaria. Tanto el Ayuntamiento como la APBC deberán actuar para garantizar el cumplimiento de la resolución, que responde a la normativa vigente y a la adecuación de las autorizaciones municipales a la situación administrativa del dominio público portuario.
