La oposición en Andalucía ha reaccionado con firmeza ante el escrito presentado por las víctimas del accidente de Adamuz al presidente de la Junta, Juanma Moreno. En dicho documento, se cuestionan los presuntos retrasos en la respuesta de los servicios de emergencia, el 061 y el 112, tras el siniestro que, según el texto, costó la vida a 46 personas.
Desde Cádiz, María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A, acusó al Gobierno andaluz de haber estado "ocultando" su "responsabilidad" en el comportamiento de estos servicios. La dirigente socialista destacó que la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha solicitado una investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades políticas y jurídicas.
“"Lo que probablemente la ciudadanía no se podía imaginar es que había una responsabilidad de la Junta de Andalucía sobre esta cuestión que ni se estaba contando, que, es más, se estaba ocultando, y que todavía no se ha puesto a disposición ni de la comisión ni de las víctimas."
Montero también criticó la actitud del presidente Moreno Bonilla, señalando que "obvia el tema" cuando tiene responsabilidad directa y no ofrece explicaciones. Subrayó que, a pesar de que la Junta ha exigido explicaciones al Gobierno de España y se ha personado en el procedimiento judicial, las propias víctimas denuncian la falta de lealtad en la información proporcionada por el 112 y el 061.
Por su parte, Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, urgió a Juanma Moreno a "dar explicaciones de por qué no funcionaron los servicios de emergencia" y la atención a las víctimas. Maíllo, también coordinador federal de Izquierda Unida, enfatizó que las familias de las víctimas "merecen respuestas" y que la "descoordinación y la pérdida de recursos" en los servicios públicos generan situaciones como esta.
El líder de Por Andalucía propuso fortalecer el servicio del 061 para evitar caídas del sistema y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del 112. Concluyó advirtiendo que su formación no cesará hasta que se conozca "toda la verdad" sobre la actuación de la Junta de Andalucía, buscando responsabilidades y garantías para que un suceso similar no se repita.
