El proceso de contratación, tramitado por la vía de urgencia, se encuentra en su fase final tras la reunión de la Junta de Contratación celebrada el pasado 20 de mayo. La ejecución definitiva de estos trabajos queda ahora supeditada a la validación por parte del juzgado de Montoro, que dirige la investigación judicial sobre los hechos ocurridos el 18 de enero.

Para garantizar la máxima independencia y fiabilidad en los resultados, se ha optado por contratar a dos entidades distintas: una entidad pública con sede en Madrid y una empresa privada radicada en O Porriño, Galicia. Ambas han sido seleccionadas por su solvencia técnica y la ausencia de conflictos de interés con las partes implicadas en el accidente o en las obras de renovación de la línea.

El objetivo es realizar los ensayos de manera paralela. El primer laboratorio llevará a cabo las pruebas no destructivas iniciales, como la inspección visual y el escaneo, mientras que el segundo supervisará el proceso. Posteriormente, se procederá a la extracción de probetas para realizar análisis independientes, permitiendo que técnicos de ambas entidades actúen como observadores en las fases críticas para asegurar la transparencia del procedimiento.