El informe pericial definitivo sobre las causas del descarrilamiento que provocó la muerte de 46 personas tras el choque de dos trenes en Adamuz no se espera antes del primer semestre del próximo año. La jueza Cristina Pastor ha encargado el estudio a tres expertos que estiman un mínimo de nueve meses de trabajo y un presupuesto de 250.000 euros.

Los peritos, Ramón Ignacio Martínez, José Antonio Martínez y Miguel Ángel Moraleda, advirtieron en un escrito remitido el pasado 26 de mayo a la jueza de Montoro que la cantidad podría incrementarse debido a la complejidad del asunto. El plazo de nueve meses aún no ha comenzado a computarse y solo se iniciará cuando los expertos reciban toda la documentación del sumario, incluyendo informes de la Guardia Civil y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

El coste estimado se desglosa en aproximadamente 1.500 horas de dedicación a 125 euros por hora, sumando 187.500 euros más IVA. A esto se añade un 10% adicional para gastos de viajes y desplazamientos, elevando el presupuesto total a 249.562,50 euros. Los peritos han solicitado una provisión de fondos inicial del 30% de los honorarios y el 50% de los gastos estimados, lo que suma 79.406,25 euros con IVA incluido.

La jueza Cristina Pastor formalizó la designación de estos peritos a finales de abril, tras requerir al Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos de Córdoba una propuesta de profesionales cualificados. El objetivo es obtener un dictamen técnico independiente que confirme o desmienta la hipótesis principal sobre la rotura de la vía como origen del siniestro.

Los expertos analizarán posibles negligencias en el mantenimiento, el funcionamiento de los sistemas de detección y la interpretación de señales de advertencia, así como las decisiones de los responsables de seguridad. Las familias de las víctimas consideran excesivo el plazo, pero los letrados coinciden en que la complejidad técnica lo justifica para garantizar un informe riguroso y completo.